Tenía que ser el Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien terminara de destapar la olla podrida al interior de la firma Odebrecht, especializada en ganar proyectos de obra pública a través del soborno a los funcionarios de los gobiernos con quienes lograba firmar un contrato, para que el gobierno colombiano escuchara lo que todos veníamos escuchando hace tiempo. No podía ser otro el comportamiento de esta firma, a la que en su país Brasil se le había probado que para ganarse contratos, ofrecía dádivas a los funcionarios públicos, hasta el punto que condenaron a 19 años de prisión a su presidente Marcelo Odebrecht e implicó la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Esta denuncia del Departamento de Justicia ratifica que esa empresa pagaba coimas para ganarse los contratos en varios países, entre ellos Argentina, Colombia, Perú y Panamá, como también en algunos países europeos.
En Colombia del 2009 al 2014 se le adjudicaron tres contratos, el primero la Ruta del Sol dos, que va de Puerto Salgar (Cundinamarca) a San Roque (Cesar), adjudicado en diciembre de 2009 y por el cual dieron US$6.5 millones de coima, pero Odebrecht en ese contrato está asociado con las firmas colombianas SCC, de Carlos Solarte y Episol de Sarmiento Angulo. Ese consorcio tiene una reclamación ante la ANI de $700.000 millones, unos US$234 millones de dólares a la tasa de hoy. A ese contrato le adicionaron la obra Ocaña-Gamarra en el mes de marzo del 2014.
En la entrevista que el periodista colombiano del Miami Herald le hace en ese entonces al empresario Miguel Nule en octubre de 2010, este se refiere al contrato de la Ruta del Sol en términos fuertes, asegurando que esa obra fue adjudicada en forma ilegal y que a ellos los había contactado Tomás Uribe para acercarlos a la firma Odebrecht para que trabajaran en llave, en una reunión que sostuvieron por más de dos horas en Ciudad de Panamá, acompañados de Guido Nule Marino, donde se reunieron en la oficina de Odebrecht. Esta entrevista la reeditó la periodista de El Espectador Cecilia Orozco, como soporte para defenderse de su controversia con el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. En abril de 2012 le adjudicaron la obra Puerto Boyacá – Chiquinquirá la cual se terminó a satisfacción de las partes. El tercer contrato fue adjudicado en agosto 13 de 2014, se firmó el 13 de septiembre de ese año y se inició el 26 de noviembre del 2014, con una duración de 162 meses, por un valor de $2.5 billones, unos US$837 millones. Este es un contrato de asociación público-privada, lo que indica que su socio es Cormagdalena firma que adjudicó el contrato, en la gerencia de Augusto García.
Con este contrato se han presentado problemas desde su inicio, por el incumplimiento de la firma Odebrecht de presentar un cierre financiero, el cual se le dificultó por los escándalos presentados en Brasil, lo que le cerró las puertas ante los distintos bancos del mundo. Logró el cierre financiero a mediados de diciembre a través de un banco japonés que le concedió un crédito por US$250 millones, préstamo que estamos seguros que ante el nuevo escándalo, el banco japonés lo más seguro es que no desembolsará un solo dólar, lo que llevará al gobierno a declararle la caducidad del contrato.
Lo que siempre llamó la atención, es que solo una firma se hubiera presentado en un contrato de US$837 millones. No entendemos como firmas con experiencia superior a Odebrecht y Valorcon no se hubieran interesado en el contrato y hoy varias de esas firmas quieran subcontratar con Odebrecht o comprarle una parte de sus acciones en dicho contrato que es el del 87%.
Advertimos a tiempo al gobierno a través de nuestras páginas sobre los escándalos de la firma brasileña en su propio país y la poca o ninguna experiencia en ese tipo de trabajo. Pero lo más sorprendente es que el gobierno colombiano que ha podido declararle la caducidad a la firma Navelena por el incumplimiento en el cierre financiero, no lo hizo al concederle cada vez un plazo más. Ahora estamos seguros que con este nuevo escándalo, el Vicepresidente Germán Vargas, y el director encargado de Cormagdalena, quien a su vez ejerce el cargo de director en propiedad de la ANI, saldrán a declarar a toda carrera la caducidad del mismo, cuando esa decisión la han debido tomar hace más de un año, que de haberlo hecho, hoy tendríamos a una firma con capacidad financiera y experiencia, para ejecutar el contrato de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, incluso por un valor inferior al de Navelena.
Esperamos que la Fiscalía, la Dian y la Procuraduría, investiguen a fondo las denuncias por pago de coima a los funcionarios de Cormagdalena, del Ministerio de Infraestructura, de la ANI y de la Vicepresidencia de la República que son quienes de una u otra forma tuvieron que ver con esos contratos. Esa investigación debe llevarse a cabo hasta las últimas consecuencias, incluso indagando en los llamados paraísos fiscales, lugar escogido normalmente para pagar las dádivas de los contratos. Creemos que esos funcionarios, que en su mayoría han sido empleados públicos durante mucho tiempo, demuestren de dónde sacaron sus recursos financieros o de donde lo sacaron sus familiares más cercanos.
Igual investigación debería hacerse con el contrato del nuevo puente sobre el río Magdalena, adjudicado al consorcio SES Puente Magdalena, integrado por las firmas Esgamo con el 30%, y Sacyr Chile con el 30% y Sacyr Colombia con el 40%. El contrato fue adjudicado el 1 de abril de 2015 por un valor de $625.000 millones, unos US$209 millones a diciembre de 2016, con un plazo de 36 meses, el cual se vence en abril del año 2018, si no se presentan inconvenientes. La firma Sacyr, tiene problemas financieros productos de las pérdidas registradas en sus estados financieros de los años 2012 al 2014, y por el reclamo a Panamá por el contrato del canal nuevo cuya reclamación es de US$2.500 millones. Al igual que Odebrecht a esta firma le han adjudicado otros contratos, como el de Puerta de Hierro-Cruz del Vizo-Palmar de Varela por $1.2 billones. Dos de sus principales directivos españoles tuvieron problemas en Suiza, en Murcia, España, y les cancelaron unos contratos, al igual que en Chile, y es la misma firma a la que en Colombia le declararon la caducidad en el contrato de Comsa, y tampoco pudo con la obra del ferrocarril del Pacífico. ¿No creen ustedes señores del gobierno, que hay muchas señales negativas con esta firma, al igual que la había con Odebrecht? ¿Cuándo presidente Santos acabaremos con la corrupción en su gobierno?

















