En Colombia el aumento y la aparición de nuevos impuestos son el pan de cada día; hasta el ciudadano de escasos recursos, está obligado a pagar impuestos al Estado, si quiere comer, si quiere vestirse, si quiere utilizar el transporte público, incluso hay mucha gente que come menos por causa del dinero que el Estado le sustrae por medio de los impuestos; lo más lamentable es ver que ese dinero, que debería ser para dar de comer a sus hijos, o para comprarles medicina, es utilizado como fondo de caja menor por algunos gobernantes de turno, lo cual se constituye en un verdadero acto criminal, que merece todo el peso de la Ley. Mientras la corrupción no desaparezca, el ciudadano tendrá una justificación, o una verdadera razón de su desconfianza al momento de pagar los impuestos. Adicionalmente, causa molestia que el Estado sólo se centre y se esfuerce en mejorar el recaudo, es decir en quitarle más plata a los contribuyentes, pero que no haga esfuerzos para mejorar la gestión de esos recursos.
Hay quienes conceptúan que entre más apriete el Gobierno con las permanentes reformas tributarias como la que se tramita en el Congreso, la resistencia a pagar tantos impuestos en Colombia aumentará. Es cierto que la función del Estado es servir a la comunidad, tal como lo enseña el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional y que es deber del ciudadano financiar al Estado, de acuerdo al numeral 9 del artículo 95 de la misma Carta Magna, pero los contribuyentes en Colombia perciben que sólo el ciudadano cumple con su parte, pero el Estado se queda corto en el cumplimiento de lo que le corresponde.
El impuesto se puede considerar como una imposición económica que le arrebata al ciudadano parte de los ingresos que obtiene con su trabajo, algo que de por sí no es de buen recibo, el disgusto es mayor cuando el ciudadano se entera que el dinero que ha pagado por concepto de impuesto es descaradamente utilizado para beneficio particular de quienes hacen parte de las estructuras del Estado, que tiene entre otras funciones quitarle a la gente parte de su patrimonio.
El hecho que el Estado reciba el dinero de la gente y que luego un funcionario o político corrupto se lo apropie, se constituye en un gran efecto negativo, es la percepción del ciudadano sobre la función del Estado. Eso es lo que se puede percibir en la opinión pública de los colombianos sobre la Reforma Tributaria que se estudia actualmente en el Congreso, que la nueva alza de impuestos que producirá esta reforma, es injusta e inoportuna y hasta se puede catalogar como una reforma tributaria para alimentar la corrupción en Colombia. Es que no se puede denominar de otra manera el enésimo incremento de los impuestos; contenidos en la reforma tributaria próxima a entrar en vigencia, en un país en donde la corrupción no para de crecer, al tiempo que los protagonistas de los diarios y multimillonarios desfalcos contra el Estado son amparados por una casi inespugnable barrera de impunidad, ya que son muchos los billones del erario que se esfuman hacia las arcas de los corruptos, fieles y descarados protagonistas de los sobornos,contratos inflados y obras mal construidas; antes que recurrir a una reforma tributaria con las perjudiciales aristas que ella contempla: valdría la pena que primero se trate de cauterizar esas venas rotas que tanto daño le han hecho al pueblo colombiano, antes que recurrir una vez más a los maltratados contribuyentes.


















