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"La
mujer del César..."
"La
mujer del César, no solo debe ser honesta y fiel a su marido,
sino aparentarlo".
Así le decía Cayo Julio César, general, historiador
y dictador romano, uno de los grandes protagonistas de la historia,
a su señora esposa, conocida en Roma, por sus costumbres
disolutas.
Algo análogo, ocurre con las instituciones y quienes se desempeñaren,
como directivos de las mismas.
Las comparaciones, son odiosas, pero en Colombia, contrasta la imagen
positiva de la Procuraduría General de la Nación,
con la actual imagen de la Fiscalía General de la Nación.
Es motivo de preocupación de todos los colombianos, las noticias
que nos llegan del funcionamiento de una organización creada
por la Constitución de 1991, para investigar los delitos
y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales
competentes,
El diario El Tiempo, en su edición 32.675, correspondiente
al pasado domingo 2 de mayo, en su página 1-2, se refiere
al proceso Nš 60.180 y nos informa que del Búnker se iban
a hurtar cinco expedientes de la mafia.
Según la fuente mencionada, el precio por hacer desaparecer
los cinco expedientes, de la entidad más custodiada de Colombia,
burlando las cámaras filmadoras del circuito cerrado de televisión,
existentes en el famoso Búnker, de la ciudad de Bogotá,
era de un millón de dólares, por cada expediente hurtado
o desaparecido y como eran cinco, los expedientes que había
que desaparecer, el "negocio" costaba la suma de cinco
millones de dólares, unos 13.000 millones de pesos colombianos.
No vamos a mencionar nombres de los personajes protagonistas, de
este gran escándalo nacional, para no perder altura, en esta
nota editorial.
Tampoco es nuestro objetivo difundir los nombres de los siete fiscales
destituidos de la Unidad Nacional de Interdicción Marítima
(Unaim), a pesar de que el país conoce a esos personajes,
puesto que El Tiempo, publicó sus nombres, ya que el propósito
nuestro es expresar nuestra alarma, pesadumbre, consternación,
abatimiento y desconsuelo, por el grado de descomposición
existente en una institución, creada por el Constituyente
de 1991, para combatir la corrupción en nuestra Patria.
Somos conscientes de los grandes esfuerzos realizados por el Fiscal
General de la Nación, Luis Camilo Osorio, contra los subalternos
involucrados en presuntos hechos de encubrimiento, enriquecimiento
ilícito, tráfico de influencias, cohecho, concusión,
peculado o prevaricato.
En el caso del proceso Nš 60.180, aparecen claros los delitos de
cohecho y concusión.
El delito de concusión, aparece definido en el Artículo
404 de la Ley 599 del año 2.000 (Nuevo Código Penal),
en los siguientes términos: "El servidor público
que abusando de su cargo o de sus funciones, constriña o
induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero,
dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá
en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de
50 (cincuenta) o 100 (cien) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años".
El artículo 405, del Código Penal Colombiano, define
y sanciona el cohecho propio, de la siguiente manera: "El
servidor público que reciba para sí o para otro, dinero
u otra utilidad, o acepte promesa remunerativa, directa o indirectamente,
para retardar u omitir un acto, propio de su cargo, o para ejecutar
uno contrario, a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión
de cinco (5) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco
(5) a ocho (8) años".
El gobierno del Señor Presidente de la República,
Alvaro Uribe Vélez, le ha declarado la guerra a la corrupción,
el despilfarro y el burocratismo estatal. No dudamos de la verticalidad
y acrisolada honradez del Jefe del Estado. Respaldamos, sus claros
propósitos e intenciones.
Empero, entendemos que para poder combatir el flagelo de la corrupción
administrativa, que le cuesta a la Patria el 20% del valor del Presupuesto
Nacional, necesita del concurso de los organismos de control: Contraloría
General de la República, Procuraduría General de la
Nación y Fiscalía General de la Nación. No
pueden fallar estos entes.
Debemos tener claro, que la lucha contra la pobreza, que sufren
27 millones de compatriotas, será exitosa en la medida en
que la corrupción sea desterrada de la administración
pública, así lograremos mayor crecimiento económico,
menor desempleo y equilibrio fiscal, sin necesidad de crear nuevos
impuestos.
¡El país, no puede equivocarse, alcahueteando la corrupción!
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