El
control excepcional
El Contralor de Santander,
Camilo Torres Munar, durante el Encuentro Nacional de Contralores, que
se celebra en Barranquilla, ha hecho un duro cuestionamiento a la herramienta
de control fiscal, control excepcional, realizado por la Contraloría
General de la República.
El control excepcional, es ejercido por la CGR, en virtud de lo preceptuado
en el Artículo 267 de la Constitución Nacional:
"La Contraloría, podrá ejecer control posterior de
cualquier entidad territorial".
La necesidad de ejercer el control excepcional, por parte de la CGR,
surge de la falta de un sano y eficiente control fiscal ejercido por
las contralorías de las entidades territoriales.
Cuando en un Departamento, Distrito o Municipio de Colombia, el Contralor
no ejerciere sus funciones, legales y constitucionales, de control fiscal,
entonces, sería conveniente y muy oportuno, la intervención
de la Contraloría General de la República para ejercer
ese necesario control sobre el gasto público.
En Barranquilla, ante la inoperancia de la Contraloría Distrital,
fue solicitada por entidades cívicas, la intervención
de la CGR, en la aplicación de la Ley 550, durante el período
comprendido del 2001 al 2003.
Hubo muchos "hallazgos" y un gran escándalo sacudió
la ciudad y el país.
Sin embargo, ignoramos los resultados de esas investigaciones, en cuanto
a las denuncias que se anunciaron que harían, a las autoridades
competentes, los funcionarios de la CGR.
Consideramos, que en el caso de Barranquilla, con el control excepcional,
ejercido por la CGR, "hubo mucho ruido y pocas nueces".
El Contralor General de la República, de acuerdo a lo estipulado
en el Artículo 268 de la Constitución Nacional de 1.991,
en su numeral 8, una de sus atribuciones es:
"Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas
respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes
hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.
La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir,
verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de
funcionarios, mientras culminan las investigaciones o los respectivos
procesos penales o disciplinarios".
Todo parece indicar, que a nivel nacional, no se ha solicitado la suspensión
de funcionarios que hayan causado daño patrimonial al Estado
colombiano, mientras se realizan las investigaciones penales o disciplinarias.
Entonces, ¿Para qué sirve el control excepcional?
Consideramos, que la Constitución de 1886, permitía ejercer
un mejor control fiscal, que la Constitución de 1991, al Contralor
General de la República y a los Contralores de las entidades
territoriales.
En el Artículo 59, de la Constitución de 1.886, se establecía
que el Contralor General de la República, era elegido por la
Cámara de Representantes, para un período de cuatro años,
sin intervención de las altas Cortes.
El Contralor Departamental, de acuerdo a la citada Constitución
era elegido por la Asamblea Departamental y el Municipal, por el Concejo
Municipal, directamente, sin intervención del Poder Judicial.
En la Nueva Constitución Política de 1991, el Contralor
General de la República, es elegido por el Congreso en pleno,
en el primer mes de sus sesiones, para un período igual al del
Presidente de la República, de una terna integrada por candidatos,
a razón de uno, por la Corte Constitucional, la Corte Suprema
de Justicia y el Consejo de Estado.
En el caso de los Contralores Departamentales y Municipales, los Contralores
se eligen de ternas conformadas por el Tribunal Superior y el Tribunal
Contencioso Administrativo.
Pensamos, que no se logra la independencia de los poderes públicos,
como lo aconsejaba el Barón de Montesquieu, en "El Espíritu
de las Leyes", para lograr la transparencia y pulcritud administrativa,
en el manejo del Estado.
Es muy difícil, o poco probable, que las altas Cortes, sancionen
a un Contralor, candidatizado por ellas, al Congreso de la República.
El Poder Judicial, ejercería un mayor control sobre un Contralor,
que no fuese recomendado por ellos, dice la sana lógica.
Sería muy conveniente, para minimizar el saqueo al tesoro público,
volver al control previo y al ejercicio de la total independencia en
los poderes públicos.
La corrupción, se disparó en Colombia, con el cambio constitucional
en la elección de los Contralores y con el sistema del control
posterior, cuando el peculado se hubiese consumado.
Para elegir Procurador General, deberán ponerse de acuerdo el
Poder Legislativo (Senadores); Poder Ejecutivo (El Presidente), la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (Poder Judicial). Es la negación
práctica de la teoría de separación e independencia
de poderes, en la Constitución de 1991.