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EDITORIAL Versión Escrita

Protesta anti-taurina


Varias activistas del grupo PETA (Personas por la Etica en el Trato de los Animales), salieron a las calles de Barcelona (España), para protestar por el trato que se da a los toros de lidia en las corridas y en los encierros. Semidesnudas y portando pancartas alusivas intentaron llamar la atención sobre el maltrato a esta especie.



El control excepcional

El Contralor de Santander, Camilo Torres Munar, durante el Encuentro Nacional de Contralores, que se celebra en Barranquilla, ha hecho un duro cuestionamiento a la herramienta de control fiscal, control excepcional, realizado por la Contraloría General de la República.

El control excepcional, es ejercido por la CGR, en virtud de lo preceptuado en el Artículo 267 de la Constitución Nacional:

"La Contraloría, podrá ejecer control posterior de cualquier entidad territorial".

La necesidad de ejercer el control excepcional, por parte de la CGR, surge de la falta de un sano y eficiente control fiscal ejercido por las contralorías de las entidades territoriales.

Cuando en un Departamento, Distrito o Municipio de Colombia, el Contralor no ejerciere sus funciones, legales y constitucionales, de control fiscal, entonces, sería conveniente y muy oportuno, la intervención de la Contraloría General de la República para ejercer ese necesario control sobre el gasto público.

En Barranquilla, ante la inoperancia de la Contraloría Distrital, fue solicitada por entidades cívicas, la intervención de la CGR, en la aplicación de la Ley 550, durante el período comprendido del 2001 al 2003.

Hubo muchos "hallazgos" y un gran escándalo sacudió la ciudad y el país.

Sin embargo, ignoramos los resultados de esas investigaciones, en cuanto a las denuncias que se anunciaron que harían, a las autoridades competentes, los funcionarios de la CGR.

Consideramos, que en el caso de Barranquilla, con el control excepcional, ejercido por la CGR, "hubo mucho ruido y pocas nueces".

El Contralor General de la República, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 268 de la Constitución Nacional de 1.991, en su numeral 8, una de sus atribuciones es:

"Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.

La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios, mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios".

Todo parece indicar, que a nivel nacional, no se ha solicitado la suspensión de funcionarios que hayan causado daño patrimonial al Estado colombiano, mientras se realizan las investigaciones penales o disciplinarias.

Entonces, ¿Para qué sirve el control excepcional?

Consideramos, que la Constitución de 1886, permitía ejercer un mejor control fiscal, que la Constitución de 1991, al Contralor General de la República y a los Contralores de las entidades territoriales.

En el Artículo 59, de la Constitución de 1.886, se establecía que el Contralor General de la República, era elegido por la Cámara de Representantes, para un período de cuatro años, sin intervención de las altas Cortes.

El Contralor Departamental, de acuerdo a la citada Constitución era elegido por la Asamblea Departamental y el Municipal, por el Concejo Municipal, directamente, sin intervención del Poder Judicial.

En la Nueva Constitución Política de 1991, el Contralor General de la República, es elegido por el Congreso en pleno, en el primer mes de sus sesiones, para un período igual al del Presidente de la República, de una terna integrada por candidatos, a razón de uno, por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

En el caso de los Contralores Departamentales y Municipales, los Contralores se eligen de ternas conformadas por el Tribunal Superior y el Tribunal Contencioso Administrativo.

Pensamos, que no se logra la independencia de los poderes públicos, como lo aconsejaba el Barón de Montesquieu, en "El Espíritu de las Leyes", para lograr la transparencia y pulcritud administrativa, en el manejo del Estado.

Es muy difícil, o poco probable, que las altas Cortes, sancionen a un Contralor, candidatizado por ellas, al Congreso de la República.

El Poder Judicial, ejercería un mayor control sobre un Contralor, que no fuese recomendado por ellos, dice la sana lógica.

Sería muy conveniente, para minimizar el saqueo al tesoro público, volver al control previo y al ejercicio de la total independencia en los poderes públicos.

La corrupción, se disparó en Colombia, con el cambio constitucional en la elección de los Contralores y con el sistema del control posterior, cuando el peculado se hubiese consumado.

Para elegir Procurador General, deberán ponerse de acuerdo el Poder Legislativo (Senadores); Poder Ejecutivo (El Presidente), la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (Poder Judicial). Es la negación práctica de la teoría de separación e independencia de poderes, en la Constitución de 1991.


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