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Rechazo a la violencia
Fue firme y muy directo el mensaje del
Papa Juan Pablo II para los colombianos: "hay que rechazar
cualquier forma de violencia, para caminar sin desánimos
hacia la auténtica paz social, generando nuevas formas
de convivencia por el camino seguro de la justicia".
Durante esa entrevista entre el mandatario
nacional, Alvaro Uribe Vélez y el sumo pontífice,
quedó establecido el importante papel protagónico
que ha de continuar desempeñando la Iglesia Católica
en el propósito de encontrar por la vía concertada
y en un proceso de negociaciones la salida al conflicto armado
que se libra en Colombia desde hace más de medio siglo.
En ese mensaje leído para todos
los colombianos, el Papa deja en claro que este es el mejor momento
para iniciar a través del diálogo la reconstrucción
moral y material de la comunidad nacional, proyectando ese proceso
hacia la conversión de una sociedad más justa,
solidaria, pacífica y responsable.
Para alcanzar este objetivo, hay que dejar
definido la sincera voluntad de las partes, su empeño
en lograr un consenso y demostrar con trabajo su finalidad de
conseguir la pacificación.
Es en este punto donde debe radicar el
máximo esfuerzo, tal como lo han hecho los últimos
gobiernos, abriendo espacios para que los grupos al margen de
la ley participen y se expresen en un marco de negociaciones
en favor de la paz.
¿Nuevas
reformas?
La propuesta gubernamental de insistir
en la presentación de nuevos proyectos de reforma tributaria
para el presente período, va en contravía de la
realidad económica-social que está viviendo la
comunidad nacional.
No debe dejarse de lado las crudas cifras
que muestran a Colombia como uno de los países de Latinoamérica
con mayor índice de pobreza y desigualdad social, al registrar
cerca de 30 millones de compatriotas en niveles de pobreza, con
otro tanto de millones sin empleo y padeciendo el drama de la
violencia en sus diferentes facetas, con lo cual no se justificaría
bajo ninguna circunstancia implementar más reformas estructurales,
con efectos directos sobre esa población.
Estamos de acuerdo en que el crecimiento
y la reactivación económica muestran signos de
recuperación, pero no se puede obstaculizar ese avance
con más imposiciones tributarias, truncando la posibilidad
de mejorar un poco los débiles presupuestos familiares
de los colombianos.
Consideramos en verdad que no resultaría
benéfico la adopción de esas medidas, y por el
contrario, sería muy contraproducente y perjudicial por
las consecuencias que ello originaría en la capacidad
económica del pueblo.
Mucha prudencia y mejor análisis
de la situación actual de Colombia es lo que aconsejamos
a nuestras autoridades gubernativas en los actuales momentos.
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