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Panorama
Por AMILKAR GUIDO
Durante muchísimo tiempo he perseguido
encontrar la luz -luz más luz reclamada por Goethe- que
me permita entender con suficiente claridad la naturaleza profunda
del derecho y comprender su relación con la vida.
La vida que expresada en múltiples
y hasta pequeñas necesidades (hechos) cotidianas no encuentra
en el espacio de lo jurídico la protección que
según los textos sagrados les está garantizada.
Sin embargo, es esta irreductible, o mejor,
invencible dicotomía lo que me produce la confusión,
que me asalta y hace mirar al derecho como una falsa moneda,
como un espejismo estéticamente planeado.
Y lo peor, lo más grave y terrible
para mí es la veneración invencible que le ha trasmitido
no solo a los pueblos (sus víctimas) sino a sus usufructuarios
ocasionales (los juristas). Y especialmente a los organismos
aparentemente encargados de mantener su vigencia. Por ejemplo:
la Defensoría del Pueblo.
Existen -resumiendo- hechos contundentes
que emergiendo de la realidad nuestra de cada día nos
permiten plantear la famosa "duda metódica"
-de que habla el filósofo- sobre la eficacia del derecho
vigente en nuestro país y más aun de su papel como
garante de la justicia en las relaciones entre los miembros de
la comunidad y también de la misma función del
Estado como garante de la justicia debida a los ciudadanos.
En efecto, resulta bastante difícil
aceptar la justicia, la equidad entre los ciudadanos de la comunidad
dada la desigualdad apabullante que salta a la vista entre sus
miembros. Mientras un sector de ellos tiene lo que necesita -y
mucho más- otros carecen de lo indispensable.
Esta impactante asimetría revela
una vez más y como siempre que "Derecho y hecho parecen,
a la vez, excluirse y buscarse en la misma forma como sucede
con otros conceptos claves de las modernas ciencias jurídicas:
validez y efectividad, propiedad y posesión, normatividad
y facticidad" (1).
Lo anterior pese a la fuerza de su significado
parecen pálidos reflejos comparados con la inequidad que
practica frecuentemente el mismo Estado contra los ciudadanos.
Frecuentemente encontramos al Estado o
a sus diversos componentes (departamentos, municipios) violando
-por acción o por omisión- los derechos fundamentales
de los ciudadanos.
Todos sabemos por informaciones de los
medios que a cientos de colombianos el Estado les está
violando constantemente obligaciones contraídas previamente
en el campo laboral, educacional, salud.
Esta conducta frecuentemente afecta sectores
de la población con garantías prescritas por la
normatividad no solo nacional sino internacional.
Por ejemplo: los niños desamparados
por múltiples causas y cuyo número crece día
a día "como crece la sombra cuando el sol declina',
pese a que la Constitución en su artículo 44 les
ofrece un conjunto de derechos para protegerlos.
Además el artículo 25 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que forma
parte de lo que los juristas llaman el bloque constitucional
también reafirma la significación y obligatoriedad
de esos derechos.
También es abundante la protección
dispuesta constitucionalmente para otro sector vulnerable: los
pensionados.
Y concretamente los de la Universidad del
Atlántico cerca de 800 a quienes sin el cumplimiento de
requisitos mínimos elementales, sin el menor respeto por
el debido proceso se les ha venido retrasando, reteniendo durante
cuatro meses sus mesadas porque le da la real gana a funcionarios
del rey Uribe, que amparado por el emperador de la arbitrariedad
universal George Bush se ha decidido a despedazar en la pobreza
a sus compatriotas para cumplir estrictamente con las recetas
del Fondo Monetario Internacional y con el pago de la usurera
deuda externa, que algunos analistas seríos llaman deuda
eterna.
(1) Humberto Cerroni. Marx y el derecho
moderno. Editorial Grijalbo S.A. México 1975. Pag. 23.
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