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Farc
activan carro-bomba
en Arauca: cuatro muertos
Bogotá
Arauca volvió a ser sacudida con la explosión de
un carro-bomba que dejó cuatro muertos y tres heridos
en la población de Saravena, informó la Policía,
que atribuyó el atentado a las Farc.
El carro-bomba fue activado al paso de
una patrulla militar que realizaba un operativo en una zona de
la ciudad, y como consecuencia de la operación murieron
cuatro civiles, entre ellos dos menores de edad, señaló
el comandante de la Policía de Arauca, Luis Alcides Morales.
El oficial atribuyó la autoría
del hecho a la guerrilla de las Farc, con fuerte presencia en
ese departamento.
"Esto fueron los grupos terroristas
que operan en Arauca, las Farc están empeñadas
en martirizar y seguir hostigando a la población de Saravena
y a otras áreas de jurisdicción en el departamento",
declaró el coronel Morales.
Según el oficial, el balance inicial
"que tenemos es la explosión de un vehículo
al paso de una patrulla de la unidad militar de la jurisdicción,
que dejó como resultado la incineración de cuatro
personas, entre ellas dos menores de edad, y tres personas más
heridas".
En Arauca
General Ospina promete
cárcel o cementerio a
los autores de atentado
Bogotá
El comandante del Ejército Nacional, general Carlos Ospina,
prometió llevar "a la cárcel o al cementerio"
a los señalados insurgentes de las Farc, que ayer cometieron
un atentado con carro-bomba en el departamento de Arauca, con
saldo de cinco muertos y tres heridos.
"A estos asesinos los vamos a buscar,
los vamos a encontrar y los vamos a llevar a la cárcel
y, si oponen resistencia, al cementerio", declaró
Ospina, tras señalar que el gobierno ofrece una recompensa
de 50 millones de pesos (unos 17.000 dólares) por información
que conduzca al arresto de los culpables.
El oficial agregó que el Ejército
redoblará las operaciones en el municipio de Saravena
(300 km al noreste de Bogotá), donde ocurrió el
ataque, y en otras localidades de Arauca (frontera con Venezuela),
donde operan las guerrillas izquierdistas de las FARC y el ELN
y grupos paramilitares de extrema derecha.
"Es lamentable que estos asesinos
sigan creyendo que por matar niños van a conseguir algo;
lo que están es obteniendo el rechazo del pueblo colombiano",
afirmó el comandante del Ejército.
Que E.U. retire pedido de extradición
Congresistas acogen
petición de los 'paras'
Bogotá, AFP
Dirigentes políticos colombianos acogieron ayer la petición
del jefe paramilitar Carlos Castaño de que Washington
retire los pedidos de extradición contra él y otros
líderes de esos grupos de ultraderecha, a fin de no obstaculizar
el proceso de paz con el gobierno.
Castaño, jefe político de
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), advirtió en
un comunicado divulgado la víspera en internet que los
pedidos de extradición son "la más seria de
las dificultades que afronta el proceso de paz".
El líder de las AUC añadió
que "un mínimo de voluntad política de los
gobiernos de Colombia y Estados Unidos les permitiría
concertar diplomáticamente un mecanismo que permita un
ambiente de confianza para el desarrollo del proceso" y
lamentó que Washington no envíe una comisión
a la mesa de negociación.
"La extradición no puede ser
un obstáculo para la paz con las Autodefensas, pienso
que es el primer punto que debe estar en la mesa" de negociaciones
de paz, aseguró Max Morales, quien en el pasado sirvió
de intermediario entre el gobierno y los paramilitares.
Aunque también de acuerdo con el
retiro de los pedidos de extradición, el senador Enrique
Gómez Hurtado, miembro de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Congreso, estimó que la suspensión
de las solicitudes debe ser concedida una vez que las AUC hayan
concretado el plan de paz.
"Será un obstáculo desde
luego, pero esa solicitud de no extradición tendría
que ser la petición última después de que
se haya logrado un acuerdo de paz", recalcó Gómez.
Por su parte el senador Jairo Clopatofsky
consideró que las autoridades de Estados Unidos y Colombia
deben reflexionar acerca de los señalamientos de Castaño,
pues en un proceso de paz es necesario realizar algunas concesiones.
En Guatemala
Capturan tres israelís
vinculados en venta
de armas a las AUC
Guatemala, AFP
Un juzgado de Guatemala ordenó la captura de tres israelíes
como sospechosos de haber sido intermediarios en la venta un
lote de armas de la policía de Nicaragua a Panamá,
las cuales finalmente llegaron a grupos de paramilitares de Colombia,
informó ayer una fuente judicial.
El Juzgado Décimo de Instancia Penal
dictó la captura de los representantes legales de la empresa
GIRSA, los israelíes Oris Zoller y Uzi Kisslevich, y de
un tercer ciudadano de ese país, Shimon Yelinek Shrem,
residente en Panamá.
A los tres se les acusa de los delitos
de transporte ilegal y traslado de armas de fuego desde Nicaragua
con rumbo a Panamá, las cuales fueron a parar a Colombia,
detalla el expediente en esa instancia judicial guatemalteca.
El escándalo del trasiego de armas
estalló en abril del año pasado en Nicaragua, luego
de que se supo que las armas vendidas a la Policía de
Panamá fueron a parar a manos de grupos irregulares de
derecha en Colombia.
Ante el revuelo de la noticia, el departamento
de Control de Armas y Municiones del Ejércto (DECAM) suspendió
temporalmente a la empresa en sus labores de compra y venta de
armas en Guatemala, hasta que se aclarara el paradero de las
armas.
De acuerdo con el expediente del caso,
la Policía de Nicaragua vendió a la firma guatemalteca,
supuestamente por encargo de la Policía de Panamá,
un total de 3.000 fusiles AK-47 de fabricación rusa y
cinco millones de balas de 7,62 mm.
Sin embargo, las armas y las municiones
fueron descargadas en noviembre pasado en Puerto Turbo (Colombia)
en condiciones irregulares.
Panamá ha insistido en que los empresarios
israelíes Zoller y Kisslevich utilizaron documentación
falsa y nunca actuaron en nombre de la Policía panameña
en la transacción con Nicaragua.
Escándalo por devolución de coca
Sargento (r) fue quien
sobornó a 17 policías
Bogotá
El canal de noticias Caracol informó anoche que conoció
detalles de la investigación por la pérdida de
un cargamento de cocaína en el Atlántico.
De acuerdo al informe presentado por el
telenoticiero, inteligencia de la policía reveló
que un sargento retirado de esa institución identificado
con el alias de Jairo Varela, pagó 1.800 millones de pesos
a 17 uniformados para que devolvieran la droga al cartel del
norte del Valle.
Los documentos de la investigación
adelantada por la inteligencia de la Policía, el 2 de
septiembre del 2002 se afirma que entre los municipios de Ponedera
y Palmar de Varela, cerca de 17 policías del Atlántico
adelantaron el viernes 16 de agosto de 2002 una tractomula procedente
del departamento del Valle del Cauca.
Según los informes, eran tres mil
kilos de coca propiedad del narcotraficante Jairo Varela del
cartel del norte del Valle.
Aproximadamente 17 uniformados, entre éstos
tres oficales, uno del Gaula y dos de la Sijin, decomisaron una
cantidad no determinada de droga y dinero de Jairo Varela'.
Según las autoridades, Varela es
un sargento retirado de la Policía que pertenece al cartel
del norte del Valle, que trabajó desde 1995 con Juan Carlos
Rodríguez Abadía, alias Chupeta y los hermanos
Henao Montoya quien fue su jefe de seguridad.
También ejecutó la orden
de asesinar a Pacho Herrera.
Según informe del canal Caracol,
las autoridades dan cuenta que los presuntos narcotraficantes
utilizan la ruta Puerto Velero en Barranquilla por Cartagena
y Santa Marta para sacar la droga del cartel.
Varela fue el encargado de sobornar con
1.800 millones de pesos a los policías del Atlántico.
Denuncia ONU y aborígenes
Muertos 118 indígenas
en lo corrido del 2003
Bogotá, AFP
Sometidas a un régimen de terror, intimidación
y violencia, las comunidades indígenas son víctimas
de una campaña de exterminio en Colombia, donde este año
fueron asesinados 118 aborígenes, denunciaron ayer Naciones
Unidas y líderes de las etnias.
La denuncia fue hecha por el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos encargado, Amerigo
Incalcaterra; la Defensoría del Pueblo de Colombia y dirigentes
de las comunidades aborígenes, con motivo de la conmemoración
del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas,
el 9 de agosto.
"Los asesinatos selectivos, las masacres,
las desapariciones, secuestros y amenazas son parte de una campaña
de aniquilamiento. Los pueblos indígenas sufren una desterritorialización
y el exterminio", manifestó el presidente de la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Armando Valbuena.
Este precisó que los indígenas
están siendo despojados de sus territorios -que representan
el 27% de los 1,1 millones de km2 del país- porque allí
se encuentran cerca del 80% de los recursos energéticos
y mineros.
Por caso Foncolpuertos
$6.987 millones serán devueltos al Estado
Bogotá, CNE
El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, informó
que 6.987 millones de pesos serán reintegrados a la Nación,
como consecuencia de las devoluciones que tendrán que
hacer 410 pensionados de la extinta empresa estatal Puertos de
Colombia (Foncolpuertos).
El Ministro explicó que de 10.221
sentencias proferidas entre 1999 y 2001 por el caso de Foncolpuertos,
3.366 fueron revocadas. De esta última cantidad, en 410
casos se ordenó ya reintegrar los recursos que habían
sido entregados indebidamente por concepto de pensión.
"Estamos buscando que los ex trabajadores
de Foncolpuertos reintegren estos dineros más los intereses
correspondientes, todo lo cual podría ascender a un total
de 480 mil millones de pesos", dijo el ministro Palacio.
El funcionario señaló que
dentro de los casos estudiados, hay ex trabajadores con obligaciones
de reintegro, que van desde los 141 mil pesos a los 888 millones
de pesos.
"Estos valores están siendo
descontados en cuotas mensuales, de acuerdo con el monto de cada
pensión", agregó.
Palacio explicó que en Foncolpuertos
se pagaron pensiones incrementadas de manera fraudulenta, utilizando
información falsa.
Para investigar cada sentencia del caso
Foncolpuertos, el Gobierno conformó una unidad interinstitucional
conformada por el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio
de la Protección Social, la Fiscalía y la Unidad
de Lucha contra la Corrupción de la Vicepresidencia de
la República.
En Casanare y Boyacá
Atentado a torre de energía
deja sin luz a 14 municipios
Bogotá
Catorce municipios del nororiente del país se quedaron
ayer sin energía debido a un sabotaje guerrillero a una
torre del tendido eléctrico nacional, informaron portavoces
del sector.
El atentado se produjo en las montañas
de Pajarito, en los límites entre los departamentos de
Boyacá y Casanare, informó a la prensa el jefe
técnico de la empresa de energía de la región,
ingeniero Esteban Aranguren.
Explicó que trece centros urbanos
del Casanare, incluida su capital Yopal, y Pajarito sufrieron
poco después del mediodía un apagón. Un
sobrevuelo a la red de interconexión nacional realizado
horas después permitió establecer que el corte
había sido causado por el derribo de una de las torres
del sistema.
El sabotaje se produjo "en la parte
más alta, más agreste, de más difícil
acceso" del tendido que lleva electricidad al Casanare,
explicó Aranguren. Al menos cinco días serán
necesarios para superar la emergencia, advirtió el portavoz
de la Empresa de Energía de Boyacá y Casanare,
que señaló que el apagón afecta a más
de 300.000 personas.
A partir de septiembre
Tarjetas inteligentes
para carros oficiales
Bogotá, CNE
A partir del próximo primero de septiembre los carros
oficiales exentos del pago del peaje deberán tener la
tarjeta electrónica que agilizará su paso por los
peajes.
El moderno sistema de identificación
electrónica se instalará en los vehículos
de los cuerpos de rescate, hospitales oficiales, Fuerzas Militares,
Policía Nacional, DAS, Inpec, Fiscalía General
de la Nación, Procuraduría General de la República,
Sijín, Dijín, Dian y las máquinas extintoras
de incendio de los bomberos voluntarios y oficiales.
El Instituto Nacional de Vías (Invías)
ya puso en marcha el proceso de identificación, contemplado
en la Ley 788 de 2002, que establece la excepción del
pago del peaje para todos los automotores de las instituciones
de seguridad del Estado.
El dispositivo de lectura que será
instalado en los vehículos, cuenta con un chip inteligente
que activa un lector ubicado en todas las casetas de peaje.
La información incluye las características
del vehículo y la entidad a la que sirve.
Ya están ubicados los chips en más
de 5.000 automotores de las Fuerzas Militares, del Cuerpo Técnico
de Investigación (CTI), de la Fiscalía y del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS).
Cada entidad asume los costos de la las tarjetas, de acuerdo
con los vehículos registrados ante el Invías
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