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HENRY LINARES



 
 
 
 

Farc activan carro-bomba
en Arauca: cuatro muertos

Bogotá
Arauca volvió a ser sacudida con la explosión de un carro-bomba que dejó cuatro muertos y tres heridos en la población de Saravena, informó la Policía, que atribuyó el atentado a las Farc.

El carro-bomba fue activado al paso de una patrulla militar que realizaba un operativo en una zona de la ciudad, y como consecuencia de la operación murieron cuatro civiles, entre ellos dos menores de edad, señaló el comandante de la Policía de Arauca, Luis Alcides Morales.

El oficial atribuyó la autoría del hecho a la guerrilla de las Farc, con fuerte presencia en ese departamento.

"Esto fueron los grupos terroristas que operan en Arauca, las Farc están empeñadas en martirizar y seguir hostigando a la población de Saravena y a otras áreas de jurisdicción en el departamento", declaró el coronel Morales.

Según el oficial, el balance inicial "que tenemos es la explosión de un vehículo al paso de una patrulla de la unidad militar de la jurisdicción, que dejó como resultado la incineración de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, y tres personas más heridas".


En Arauca
General Ospina promete
cárcel o cementerio a
los autores de atentado

Bogotá
El comandante del Ejército Nacional, general Carlos Ospina, prometió llevar "a la cárcel o al cementerio" a los señalados insurgentes de las Farc, que ayer cometieron un atentado con carro-bomba en el departamento de Arauca, con saldo de cinco muertos y tres heridos.

"A estos asesinos los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a llevar a la cárcel y, si oponen resistencia, al cementerio", declaró Ospina, tras señalar que el gobierno ofrece una recompensa de 50 millones de pesos (unos 17.000 dólares) por información que conduzca al arresto de los culpables.

El oficial agregó que el Ejército redoblará las operaciones en el municipio de Saravena (300 km al noreste de Bogotá), donde ocurrió el ataque, y en otras localidades de Arauca (frontera con Venezuela), donde operan las guerrillas izquierdistas de las FARC y el ELN y grupos paramilitares de extrema derecha.

"Es lamentable que estos asesinos sigan creyendo que por matar niños van a conseguir algo; lo que están es obteniendo el rechazo del pueblo colombiano", afirmó el comandante del Ejército.


Que E.U. retire pedido de extradición
Congresistas acogen
petición de los 'paras'

Bogotá, AFP
Dirigentes políticos colombianos acogieron ayer la petición del jefe paramilitar Carlos Castaño de que Washington retire los pedidos de extradición contra él y otros líderes de esos grupos de ultraderecha, a fin de no obstaculizar el proceso de paz con el gobierno.

Castaño, jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), advirtió en un comunicado divulgado la víspera en internet que los pedidos de extradición son "la más seria de las dificultades que afronta el proceso de paz".

El líder de las AUC añadió que "un mínimo de voluntad política de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos les permitiría concertar diplomáticamente un mecanismo que permita un ambiente de confianza para el desarrollo del proceso" y lamentó que Washington no envíe una comisión a la mesa de negociación.

"La extradición no puede ser un obstáculo para la paz con las Autodefensas, pienso que es el primer punto que debe estar en la mesa" de negociaciones de paz, aseguró Max Morales, quien en el pasado sirvió de intermediario entre el gobierno y los paramilitares.

Aunque también de acuerdo con el retiro de los pedidos de extradición, el senador Enrique Gómez Hurtado, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, estimó que la suspensión de las solicitudes debe ser concedida una vez que las AUC hayan concretado el plan de paz.

"Será un obstáculo desde luego, pero esa solicitud de no extradición tendría que ser la petición última después de que se haya logrado un acuerdo de paz", recalcó Gómez.

Por su parte el senador Jairo Clopatofsky consideró que las autoridades de Estados Unidos y Colombia deben reflexionar acerca de los señalamientos de Castaño, pues en un proceso de paz es necesario realizar algunas concesiones.


En Guatemala
Capturan tres israelís
vinculados en venta
de armas a las AUC

Guatemala, AFP
Un juzgado de Guatemala ordenó la captura de tres israelíes como sospechosos de haber sido intermediarios en la venta un lote de armas de la policía de Nicaragua a Panamá, las cuales finalmente llegaron a grupos de paramilitares de Colombia, informó ayer una fuente judicial.

El Juzgado Décimo de Instancia Penal dictó la captura de los representantes legales de la empresa GIRSA, los israelíes Oris Zoller y Uzi Kisslevich, y de un tercer ciudadano de ese país, Shimon Yelinek Shrem, residente en Panamá.

A los tres se les acusa de los delitos de transporte ilegal y traslado de armas de fuego desde Nicaragua con rumbo a Panamá, las cuales fueron a parar a Colombia, detalla el expediente en esa instancia judicial guatemalteca.

El escándalo del trasiego de armas estalló en abril del año pasado en Nicaragua, luego de que se supo que las armas vendidas a la Policía de Panamá fueron a parar a manos de grupos irregulares de derecha en Colombia.

Ante el revuelo de la noticia, el departamento de Control de Armas y Municiones del Ejércto (DECAM) suspendió temporalmente a la empresa en sus labores de compra y venta de armas en Guatemala, hasta que se aclarara el paradero de las armas.

De acuerdo con el expediente del caso, la Policía de Nicaragua vendió a la firma guatemalteca, supuestamente por encargo de la Policía de Panamá, un total de 3.000 fusiles AK-47 de fabricación rusa y cinco millones de balas de 7,62 mm.

Sin embargo, las armas y las municiones fueron descargadas en noviembre pasado en Puerto Turbo (Colombia) en condiciones irregulares.

Panamá ha insistido en que los empresarios israelíes Zoller y Kisslevich utilizaron documentación falsa y nunca actuaron en nombre de la Policía panameña en la transacción con Nicaragua.


Escándalo por devolución de coca
Sargento (r) fue quien
sobornó a 17 policías

Bogotá
El canal de noticias Caracol informó anoche que conoció detalles de la investigación por la pérdida de un cargamento de cocaína en el Atlántico.

De acuerdo al informe presentado por el telenoticiero, inteligencia de la policía reveló que un sargento retirado de esa institución identificado con el alias de Jairo Varela, pagó 1.800 millones de pesos a 17 uniformados para que devolvieran la droga al cartel del norte del Valle.

Los documentos de la investigación adelantada por la inteligencia de la Policía, el 2 de septiembre del 2002 se afirma que entre los municipios de Ponedera y Palmar de Varela, cerca de 17 policías del Atlántico adelantaron el viernes 16 de agosto de 2002 una tractomula procedente del departamento del Valle del Cauca.

Según los informes, eran tres mil kilos de coca propiedad del narcotraficante Jairo Varela del cartel del norte del Valle.

Aproximadamente 17 uniformados, entre éstos tres oficales, uno del Gaula y dos de la Sijin, decomisaron una cantidad no determinada de droga y dinero de Jairo Varela'.

Según las autoridades, Varela es un sargento retirado de la Policía que pertenece al cartel del norte del Valle, que trabajó desde 1995 con Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias Chupeta y los hermanos Henao Montoya quien fue su jefe de seguridad.

También ejecutó la orden de asesinar a Pacho Herrera.

Según informe del canal Caracol, las autoridades dan cuenta que los presuntos narcotraficantes utilizan la ruta Puerto Velero en Barranquilla por Cartagena y Santa Marta para sacar la droga del cartel.

Varela fue el encargado de sobornar con 1.800 millones de pesos a los policías del Atlántico.


Denuncia ONU y aborígenes
Muertos 118 indígenas
en lo corrido del 2003

Bogotá, AFP
Sometidas a un régimen de terror, intimidación y violencia, las comunidades indígenas son víctimas de una campaña de exterminio en Colombia, donde este año fueron asesinados 118 aborígenes, denunciaron ayer Naciones Unidas y líderes de las etnias.

La denuncia fue hecha por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos encargado, Amerigo Incalcaterra; la Defensoría del Pueblo de Colombia y dirigentes de las comunidades aborígenes, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el 9 de agosto.

"Los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones, secuestros y amenazas son parte de una campaña de aniquilamiento. Los pueblos indígenas sufren una desterritorialización y el exterminio", manifestó el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Armando Valbuena.

Este precisó que los indígenas están siendo despojados de sus territorios -que representan el 27% de los 1,1 millones de km2 del país- porque allí se encuentran cerca del 80% de los recursos energéticos y mineros.


Por caso Foncolpuertos
$6.987 millones serán devueltos al Estado

Bogotá, CNE
El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, informó que 6.987 millones de pesos serán reintegrados a la Nación, como consecuencia de las devoluciones que tendrán que hacer 410 pensionados de la extinta empresa estatal Puertos de Colombia (Foncolpuertos).

El Ministro explicó que de 10.221 sentencias proferidas entre 1999 y 2001 por el caso de Foncolpuertos, 3.366 fueron revocadas. De esta última cantidad, en 410 casos se ordenó ya reintegrar los recursos que habían sido entregados indebidamente por concepto de pensión.

"Estamos buscando que los ex trabajadores de Foncolpuertos reintegren estos dineros más los intereses correspondientes, todo lo cual podría ascender a un total de 480 mil millones de pesos", dijo el ministro Palacio.

El funcionario señaló que dentro de los casos estudiados, hay ex trabajadores con obligaciones de reintegro, que van desde los 141 mil pesos a los 888 millones de pesos.

"Estos valores están siendo descontados en cuotas mensuales, de acuerdo con el monto de cada pensión", agregó.

Palacio explicó que en Foncolpuertos se pagaron pensiones incrementadas de manera fraudulenta, utilizando información falsa.

Para investigar cada sentencia del caso Foncolpuertos, el Gobierno conformó una unidad interinstitucional conformada por el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de la Protección Social, la Fiscalía y la Unidad de Lucha contra la Corrupción de la Vicepresidencia de la República.


En Casanare y Boyacá
Atentado a torre de energía
deja sin luz a 14 municipios

Bogotá
Catorce municipios del nororiente del país se quedaron ayer sin energía debido a un sabotaje guerrillero a una torre del tendido eléctrico nacional, informaron portavoces del sector.

El atentado se produjo en las montañas de Pajarito, en los límites entre los departamentos de Boyacá y Casanare, informó a la prensa el jefe técnico de la empresa de energía de la región, ingeniero Esteban Aranguren.

Explicó que trece centros urbanos del Casanare, incluida su capital Yopal, y Pajarito sufrieron poco después del mediodía un apagón. Un sobrevuelo a la red de interconexión nacional realizado horas después permitió establecer que el corte había sido causado por el derribo de una de las torres del sistema.

El sabotaje se produjo "en la parte más alta, más agreste, de más difícil acceso" del tendido que lleva electricidad al Casanare, explicó Aranguren. Al menos cinco días serán necesarios para superar la emergencia, advirtió el portavoz de la Empresa de Energía de Boyacá y Casanare, que señaló que el apagón afecta a más de 300.000 personas.


A partir de septiembre
Tarjetas inteligentes
para carros oficiales

Bogotá, CNE
A partir del próximo primero de septiembre los carros oficiales exentos del pago del peaje deberán tener la tarjeta electrónica que agilizará su paso por los peajes.

El moderno sistema de identificación electrónica se instalará en los vehículos de los cuerpos de rescate, hospitales oficiales, Fuerzas Militares, Policía Nacional, DAS, Inpec, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la República, Sijín, Dijín, Dian y las máquinas extintoras de incendio de los bomberos voluntarios y oficiales.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) ya puso en marcha el proceso de identificación, contemplado en la Ley 788 de 2002, que establece la excepción del pago del peaje para todos los automotores de las instituciones de seguridad del Estado.

El dispositivo de lectura que será instalado en los vehículos, cuenta con un chip inteligente que activa un lector ubicado en todas las casetas de peaje.

La información incluye las características del vehículo y la entidad a la que sirve.

Ya están ubicados los chips en más de 5.000 automotores de las Fuerzas Militares, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Cada entidad asume los costos de la las tarjetas, de acuerdo con los vehículos registrados ante el Invías


 
Visita a Colombia
Bogotá

El Presidente de la República y su equipo económico se reunieron con el representante comercial de los Estados Unidos. El Presidente de la República se saluda con el funcionario, Robert Zöellick en la Casa de Nariño / CNE.
   

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