Avance
social
La ley de
Conciliación
Por EURIPIDES CASTRO SANJUAN
Definitivamente en un país tan convulsionado como el nuestro,
donde los atropellos del más fuerte es el pan de cada día,
donde somos escépticos de una verdadera administración
de justicia debido a nuestro cambiante e inseguro sistema legal,
en donde se ha dejado de creer en las instituciones y en donde todo
debe ser reglado para poder educar mínimamente al conglomerado
colombiano, que está acostumbrado a utilizar vías
de hecho para resolver sus diferencias.
La tendencia de nuestro recurso humano pensante es la de seguir
en la búsqueda de formas y maneras de poder resolver civilizadamente
los conflictos en el devenir de nuestra sociedad.
Una es la búsqueda de un medio real, un vehículo ideal
para cambiar nuestra cultura de violencia, esa figura importante
podría ser la Conciliación.
Con la conciliación prejudicial y extrajudicial se le está
dando una manito a nuestra paquidérmica, reducida, exclusivista
y obsoleta rama jurisdiccional del Estado (Léase poder judicial),
en lo que tiene que ver con la dinámica que se impone al
procedimiento, la competencia y sobre todo a la descongestión
de los abarrotados anaqueles de los despachos de Jueces y Fiscales
y a la dificultad que se tiene para acceder a una pronta e imparcial
demanda de justicia.
Enhorabuena la Ley 640 /2001, rescata lo positivo de las dispersas
normas que existían sobre la resolución amigable de
conflictos, y a la descongestión de los despachos judiciales.
Lo que es más importante aún, le da la importancia
debida a la profesión de abogado, por cuanto es menester
que sea un togado quien facilite la amigable composición
del brete o trauma surgido entre las partes.
La por ignaros maltratada profesión de Abogado, etimológicamente
proviene del vocablo latino Advocatus, vocatus ad, que significa
llamado a socorrer, que como carrera intelectual nació de
un singular servicio a la justicia y a la sociedad. El jurista como
mediador evita arbitrariedades y protege el derecho de gentes, por
esa razón cumple una extraordinaria función para el
equilibrio social.
Como en nuestra nación predomina la cultura del litigio,
y a veces otras prácticas non santas, el legislador ha visto
la necesidad de que se consagre la obligatoriedad de la Conciliación
ya sea en las etapas prejudicial, extrajudicial o judicial, para
evitar el gaste y desgaste del aparato judicial y como terminación
anticipada y feliz de los procesos judiciales.
En cuanto tiene que ver con la Conciliación prejudicial,
se nos amplía a los abogados la visión de nuestros
conocimientos jurídicos desde una óptica más
humana, racional, psicológica, imparcial, objetiva, equilibrada,
confidencial para que los apliquemos a las nuevas técnicas
y procedimientos de solución alternativa de conflictos.
Nos imaginamos que ese debe ser el espíritu que llevó
al legislador a buscar alternativamente del litigio, fórmulas
para poder resolver las fallas por la estresante mora en el servicio
público del aparato jurisdiccional del Estado y para que
todos los ciudadanos tengamos acceso pronto y verdadero a la aplicación
de justicia.
La Conciliación favorece los métodos para alcanzar
la convivencia pacifica de los colombianos, uno de los fines esenciales
del Estado, que a pesar de haber delegado esa potestad a los centros
privados para conciliar, no ha renunciado al monopolio de impartir
justicia y al privilegio de ser la fuerza moderadora de las relaciones
del grupo social interno –nación-.
Con estas disposiciones nuestro Estado Social de Derecho trata de
eliminar la agudización de los conflictos como consecuencia
del litigio entre sus súbditos y porque esa manifestación
no es contraria a lo estipulado en el articulo 116 de nuestra carta
política.
No sobra aclarar, que a pesar de que los centros de conciliación
y los conciliadores inscritos para servir en las tales audiencias
han sido revestidos por la Ley con facultades para proferir decisiones
Erga omnes o de cosa juzgada si se llega a feliz término,
nunca se podrá igualar dicha función a la investidura
que posee un Juez de la República, ni se asimilarán
las actas de consensualidad a las determinaciones judiciales, pero
dicha función se convierte en valiosísima herramienta
socializadora y de concordia.
En todo caso son las propias partes confrontadas las que resuelven
sus desavenencias, en razón a su voluntad y autonomía,
eso si, asistidos por los abogados conciliadores de manera neutral
para facilitarles el acercamiento, el diálogo y mediar en
la búsqueda de soluciones de su trama en cuestión.
A conciliar pues.
PD.: Un saludo muy especial a las Dras. Evelín Blanco y María
de Jesús Illera, Coordinadora de Conciliación del
Consultorio Jurídico de Uninorte y al buen equipo del Centro
de Educación Continuada de la Universidad del Norte.
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