Avance social
La ley de Conciliación

Por EURIPIDES CASTRO SANJUAN

Definitivamente en un país tan convulsionado como el nuestro, donde los atropellos del más fuerte es el pan de cada día, donde somos escépticos de una verdadera administración de justicia debido a nuestro cambiante e inseguro sistema legal, en donde se ha dejado de creer en las instituciones y en donde todo debe ser reglado para poder educar mínimamente al conglomerado colombiano, que está acostumbrado a utilizar vías de hecho para resolver sus diferencias.

La tendencia de nuestro recurso humano pensante es la de seguir en la búsqueda de formas y maneras de poder resolver civilizadamente los conflictos en el devenir de nuestra sociedad.

Una es la búsqueda de un medio real, un vehículo ideal para cambiar nuestra cultura de violencia, esa figura importante podría ser la Conciliación.

Con la conciliación prejudicial y extrajudicial se le está dando una manito a nuestra paquidérmica, reducida, exclusivista y obsoleta rama jurisdiccional del Estado (Léase poder judicial), en lo que tiene que ver con la dinámica que se impone al procedimiento, la competencia y sobre todo a la descongestión de los abarrotados anaqueles de los despachos de Jueces y Fiscales y a la dificultad que se tiene para acceder a una pronta e imparcial demanda de justicia.

Enhorabuena la Ley 640 /2001, rescata lo positivo de las dispersas normas que existían sobre la resolución amigable de conflictos, y a la descongestión de los despachos judiciales.

Lo que es más importante aún, le da la importancia debida a la profesión de abogado, por cuanto es menester que sea un togado quien facilite la amigable composición del brete o trauma surgido entre las partes.

La por ignaros maltratada profesión de Abogado, etimológicamente proviene del vocablo latino Advocatus, vocatus ad, que significa llamado a socorrer, que como carrera intelectual nació de un singular servicio a la justicia y a la sociedad. El jurista como mediador evita arbitrariedades y protege el derecho de gentes, por esa razón cumple una extraordinaria función para el equilibrio social.

Como en nuestra nación predomina la cultura del litigio, y a veces otras prácticas non santas, el legislador ha visto la necesidad de que se consagre la obligatoriedad de la Conciliación ya sea en las etapas prejudicial, extrajudicial o judicial, para evitar el gaste y desgaste del aparato judicial y como terminación anticipada y feliz de los procesos judiciales.

En cuanto tiene que ver con la Conciliación prejudicial, se nos amplía a los abogados la visión de nuestros conocimientos jurídicos desde una óptica más humana, racional, psicológica, imparcial, objetiva, equilibrada, confidencial para que los apliquemos a las nuevas técnicas y procedimientos de solución alternativa de conflictos.

Nos imaginamos que ese debe ser el espíritu que llevó al legislador a buscar alternativamente del litigio, fórmulas para poder resolver las fallas por la estresante mora en el servicio público del aparato jurisdiccional del Estado y para que todos los ciudadanos tengamos acceso pronto y verdadero a la aplicación de justicia.

La Conciliación favorece los métodos para alcanzar la convivencia pacifica de los colombianos, uno de los fines esenciales del Estado, que a pesar de haber delegado esa potestad a los centros privados para conciliar, no ha renunciado al monopolio de impartir justicia y al privilegio de ser la fuerza moderadora de las relaciones del grupo social interno –nación-.

Con estas disposiciones nuestro Estado Social de Derecho trata de eliminar la agudización de los conflictos como consecuencia del litigio entre sus súbditos y porque esa manifestación no es contraria a lo estipulado en el articulo 116 de nuestra carta política.

No sobra aclarar, que a pesar de que los centros de conciliación y los conciliadores inscritos para servir en las tales audiencias han sido revestidos por la Ley con facultades para proferir decisiones Erga omnes o de cosa juzgada si se llega a feliz término, nunca se podrá igualar dicha función a la investidura que posee un Juez de la República, ni se asimilarán las actas de consensualidad a las determinaciones judiciales, pero dicha función se convierte en valiosísima herramienta socializadora y de concordia.

En todo caso son las propias partes confrontadas las que resuelven sus desavenencias, en razón a su voluntad y autonomía, eso si, asistidos por los abogados conciliadores de manera neutral para facilitarles el acercamiento, el diálogo y mediar en la búsqueda de soluciones de su trama en cuestión.

A conciliar pues.

PD.: Un saludo muy especial a las Dras. Evelín Blanco y María de Jesús Illera, Coordinadora de Conciliación del Consultorio Jurídico de Uninorte y al buen equipo del Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte.


 
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