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Frustrado rescate de La Cacica
Investigación de la Procuraduría
genera polémica en el país
Bogotá, AFP
Una investigación de la Procuraduría contra los
militares que dirigieron los operativos para rescatar a la ex
ministra de cultura, Consuelo Aráujo, secuestrada y asesinada
por las Farc en septiembre de 2001, generó un candente
debate en torno a este tipo de operaciones.
Los cargos, de carácter disciplinario,
fueron formulados contra cuatro oficiales del ejército
por posibles inconsistencias en la planeación y ejecución
de la operación, al no adoptar las medidas necesarias
para el desplazamiento de la tropa, preservar la vida de la ex
funcionaria, y dejar de perseguir a los rebeldes una vez se produjo
el crimen.
Inicialmente, el ministro del Interior,
Fernando Londoño, y el comandante de las Fuerzas Militares,
general Jorge Mora, reaccionaron extrañados por el fallo
de la Procuraduría y cuestionaron los alcances que pueda
tener la investigación sobre futuros rescates del Ejército
para liberar a secuestrados.
El comandante del Ejército, general
Carlos Ospina, expresó el sábado su preocupación
por la decisión, afirmando que la institución "respeta
y acata el fallo, pero no se siente tranquilo, porque las circunstancias
en las cuales los comandantes en el terreno toman decisiones
y emiten sus órdenes son muy difíciles de entender
desde un escritorio y desde lugares diferentes donde se realizan
las operaciones".
Aunque la ministra de Defensa, Marta Lucía
Ramírez, aclaró que sólo se trata de la
apertura de una investigación disciplinaria, no penal,
y que tampoco hay una conducta delictiva de por medio, advirtió
la importancia de que "en la investigación se tenga
en cuenta la experiencia técnica de los expertos en asuntos
castrenses".
La funcionaria se refirió también
a la posibilidad de que para el desarrollo de la investigación
se designe un procurador ad-hoc, aún a pesar de que el
procurador general, Edgardo Maya, esposo de Araújonoguera,
se ha declarado impedido para actuar en el proceso, razón
por la cual está en manos del viceprocurador.
Mientras tanto, el presidente de la Federación
Nacional de Comerciantes (Fenalco), Sabas Pretelt, se lamentó
de que en Colombia "se vuelva a establecer el síndrome
de la Procuraduría que consiste en que los generales y
cualquiera de sus acciones reciben toda clase de investigaciones
y los van inhibiendo a actuar, mientras los ciudadanos permanecen
indefensos".
"No se puede estar juzgando a los
generales y a la fuerza pública por omisión, porque
esas son apreciaciones muy subjetivas. Ni cuando actúan
por exceso. Hay que tener ponderación en estos juicios
de civiles sobre los militares. De lo contrario vamos a volver
inoperante a la fuerza pública", destacó.
Jorge Visbal, presidente de la Federación
de Ganaderos (Fedegán), anotó que el fallo "es
un contrasentido. Aquí hay que definirse si efectivamente
queremos o no que las Fuerzas Militares actúen".
"Parece que fue muy apresurada la
decisión de esos delegados de la Procuraduría,
porque me da la impresión que más conocen su escritorio
que el territorio", precisó.
El general Rafael Samudio, ex ministro
de Defensa y presidente de la Asociación de Oficiales
en Retiro (ACORE), anotó que es indiscutible la competencia
de la Procuraduría para investigar la conducta de los
funcionarios públicos, pero dijo no compartir que esa
entidad saque conclusiones en el caso de una operación
militar, "con el agravante de un conflicto como el nuestro".
El ex procurador Jaime Bernal, aclaró
por su parte que "abrir un proceso es simplemente dar la
oportunidad para que la persona que se investiga se pueda defender,
presente las pruebas, de las explicaciones que corresponden,
y luego la Procuraduría falla con base en las pruebas
que se han presentado".
El ex ministro del Interior, Humberto de
la Calle, reprochó el tono de las declaraciones de Pretelt
y Visbal, "porque significan que no puede haber control
civil sobre los militares, y eso también es grave".
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