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   TEXTO DEL DIA - De AFP  



 

Frustrado rescate de La Cacica
Investigación de la Procuraduría
genera polémica en el país

Bogotá, AFP
Una investigación de la Procuraduría contra los militares que dirigieron los operativos para rescatar a la ex ministra de cultura, Consuelo Aráujo, secuestrada y asesinada por las Farc en septiembre de 2001, generó un candente debate en torno a este tipo de operaciones.

Los cargos, de carácter disciplinario, fueron formulados contra cuatro oficiales del ejército por posibles inconsistencias en la planeación y ejecución de la operación, al no adoptar las medidas necesarias para el desplazamiento de la tropa, preservar la vida de la ex funcionaria, y dejar de perseguir a los rebeldes una vez se produjo el crimen.

Inicialmente, el ministro del Interior, Fernando Londoño, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Mora, reaccionaron extrañados por el fallo de la Procuraduría y cuestionaron los alcances que pueda tener la investigación sobre futuros rescates del Ejército para liberar a secuestrados.

El comandante del Ejército, general Carlos Ospina, expresó el sábado su preocupación por la decisión, afirmando que la institución "respeta y acata el fallo, pero no se siente tranquilo, porque las circunstancias en las cuales los comandantes en el terreno toman decisiones y emiten sus órdenes son muy difíciles de entender desde un escritorio y desde lugares diferentes donde se realizan las operaciones".

Aunque la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, aclaró que sólo se trata de la apertura de una investigación disciplinaria, no penal, y que tampoco hay una conducta delictiva de por medio, advirtió la importancia de que "en la investigación se tenga en cuenta la experiencia técnica de los expertos en asuntos castrenses".

La funcionaria se refirió también a la posibilidad de que para el desarrollo de la investigación se designe un procurador ad-hoc, aún a pesar de que el procurador general, Edgardo Maya, esposo de Araújonoguera, se ha declarado impedido para actuar en el proceso, razón por la cual está en manos del viceprocurador.

Mientras tanto, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Sabas Pretelt, se lamentó de que en Colombia "se vuelva a establecer el síndrome de la Procuraduría que consiste en que los generales y cualquiera de sus acciones reciben toda clase de investigaciones y los van inhibiendo a actuar, mientras los ciudadanos permanecen indefensos".

"No se puede estar juzgando a los generales y a la fuerza pública por omisión, porque esas son apreciaciones muy subjetivas. Ni cuando actúan por exceso. Hay que tener ponderación en estos juicios de civiles sobre los militares. De lo contrario vamos a volver inoperante a la fuerza pública", destacó.

Jorge Visbal, presidente de la Federación de Ganaderos (Fedegán), anotó que el fallo "es un contrasentido. Aquí hay que definirse si efectivamente queremos o no que las Fuerzas Militares actúen".

"Parece que fue muy apresurada la decisión de esos delegados de la Procuraduría, porque me da la impresión que más conocen su escritorio que el territorio", precisó.

El general Rafael Samudio, ex ministro de Defensa y presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro (ACORE), anotó que es indiscutible la competencia de la Procuraduría para investigar la conducta de los funcionarios públicos, pero dijo no compartir que esa entidad saque conclusiones en el caso de una operación militar, "con el agravante de un conflicto como el nuestro".

El ex procurador Jaime Bernal, aclaró por su parte que "abrir un proceso es simplemente dar la oportunidad para que la persona que se investiga se pueda defender, presente las pruebas, de las explicaciones que corresponden, y luego la Procuraduría falla con base en las pruebas que se han presentado".

El ex ministro del Interior, Humberto de la Calle, reprochó el tono de las declaraciones de Pretelt y Visbal, "porque significan que no puede haber control civil sobre los militares, y eso también es grave".

   

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