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   OPINIONES  


 

A propósito del IVA
La Corte falla en equidad

Por HERNANDO E. MEZA ORTIZ

Ha sido misión de la Corte Constitucional velar por la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos que esta señala. Siendo entre sus funciones la de más común desarrollo la consagrada en el numeral 4 del artículo 241 que a la letra dice:

"Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación".

Debe entonces el guardián de Carta hacer un estudio integral del canon constitucional, para que su fallo tenga carácter erga omnes, vale decir será de total y absoluto cumplimiento no solo por los ciudadanos sino por el mismo legislador, quien no podrá volver a presentar proyecto de ley en el mismo sentido, es así como se dispone que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución".

Si hace la confrontación de la norma acusada con determinadas de la Constitución, el pronunciamiento tendrá un carácter relativo, es decir, solo en eventos que tienen que ver con el asunto concreto en estudio. A partir de la sentencia de que declara inexequible el I.V.A. generalizado del 2% tendrá que atenderse el criterio de equidad para fallar.

Pues bien, la Corte Constitucional al fallar una demanda contra el artículo 116 de la Ley 788 de 2002 (Reforma Tributaria), disposición ésta que establecía el cobro del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) a bienes y servicios de primera necesidad indispensables para la supervivencia digna de las personas, consideró que era inexequible por violar los principios de equidad y progresividad tributaria y desconocer los fines del Estado Social de Derecho, la extensión que se hizo sobre todos los bienes y servicios de primera necesidad, sin importar que deban ser adquiridos por personas de bajos ingresos o por quienes solo disponen de lo mínimo para vivir.

Bajo este criterio deberían ser inexequibles las altas tarifas de los servicios públicos, los costos de la educación, las tasas o tarifas de los transportes públicos, ya que se podrían exponer los mismos criterios que han servido para colapsar el IVA indiscriminado del 2% a la canasta familiar.

Es cierto que la progresividad del impuesto es teoría fiscal creada como mecanismo para la búsqueda de la capacidad económica de los contribuyentes, pero su aplicación está diseñada para los impuestos directos, como el Impuesto de Renta y complementarios.

Son impuestos progresivos aquellos cuya tarifa aumenta en la misma forma, en que se incrementa el hecho o materia gravados, es decir, entre mayores sean los ingresos o los bienes, la tarifa aplicable de ir "in cresendo", dicho de otra manera quien más gane o tenga más pague, teoría de la capacidad económica.

Se ha sostenido por los economistas y hacendistas dentro de la teoría
de los impuestos, que cuando se quiera gravar a los pobres, hay que establecerles impuestos indirectos, porque son mayoría y en consecuencia los que más consumen, y cuando se quiera gravar a los ricos, métale impuestos directos, porque graba con más fuerza los ingresos y bienes.

Pero quizás, los problemas más grandes que tiene la tributación colombiana, están en la gran cantidad de exenciones y descuentos de
que gozan ciertos contribuyentes, especialmente los altos dignatarios del Estado (Art. 206 del E.T) y el caso de las pensiones de jubilación, a las cuales, sin lugar a duda, cuando sean exageradas deben contribuir. Hoy están exentas las pensiones por debajo de 50 salarios mínimos es decir $15.300.000.

Claro que debemos entender que esta no fue una norma hecha para
los asalariados comunes y silvestres. Miremos quien hace la ley. Hay situaciones como la que acaba de denunciar el propio Presidente de
la República, en donde por virtud de la Reforma Política hecha por el Congreso, se le incrementa el sueldo a los magistrados del Consejo Nacional Electoral en más de 15 millones de pesos mensuales, mientras
a los otros servidores públicos, por el solo hecho de ganar más de dos salarios mínimos, se les mantiene congelados.

Que la Corte Constitucional siga fallando en equidad. O todos en la cama o todos en el suelo.




> Profeta para su tierra
   

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