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A propósito
del IVA
La Corte falla en equidad
Por HERNANDO E. MEZA ORTIZ
Ha sido misión de la Corte Constitucional
velar por la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos
que esta señala. Siendo entre sus funciones la de más
común desarrollo la consagrada en el numeral 4 del artículo
241 que a la letra dice:
"Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad
de las leyes, tanto por su contenido material como por vicios
de procedimiento en su formación".
Debe entonces el guardián de Carta
hacer un estudio integral del canon constitucional, para que
su fallo tenga carácter erga omnes, vale decir será
de total y absoluto cumplimiento no solo por los ciudadanos sino
por el mismo legislador, quien no podrá volver a presentar
proyecto de ley en el mismo sentido, es así como se dispone
que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido
material del acto jurídico declarado inexequible por razones
de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que
sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria
y la Constitución".
Si hace la confrontación de la norma
acusada con determinadas de la Constitución, el pronunciamiento
tendrá un carácter relativo, es decir, solo en
eventos que tienen que ver con el asunto concreto en estudio.
A partir de la sentencia de que declara inexequible el I.V.A.
generalizado del 2% tendrá que atenderse el criterio de
equidad para fallar.
Pues bien, la Corte Constitucional al fallar
una demanda contra el artículo 116 de la Ley 788 de 2002
(Reforma Tributaria), disposición ésta que establecía
el cobro del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) a bienes y servicios
de primera necesidad indispensables para la supervivencia digna
de las personas, consideró que era inexequible por violar
los principios de equidad y progresividad tributaria y desconocer
los fines del Estado Social de Derecho, la extensión que
se hizo sobre todos los bienes y servicios de primera necesidad,
sin importar que deban ser adquiridos por personas de bajos ingresos
o por quienes solo disponen de lo mínimo para vivir.
Bajo este criterio deberían ser
inexequibles las altas tarifas de los servicios públicos,
los costos de la educación, las tasas o tarifas de los
transportes públicos, ya que se podrían exponer
los mismos criterios que han servido para colapsar el IVA indiscriminado
del 2% a la canasta familiar.
Es cierto que la progresividad del impuesto
es teoría fiscal creada como mecanismo para la búsqueda
de la capacidad económica de los contribuyentes, pero
su aplicación está diseñada para los impuestos
directos, como el Impuesto de Renta y complementarios.
Son impuestos progresivos aquellos cuya
tarifa aumenta en la misma forma, en que se incrementa el hecho
o materia gravados, es decir, entre mayores sean los ingresos
o los bienes, la tarifa aplicable de ir "in cresendo",
dicho de otra manera quien más gane o tenga más
pague, teoría de la capacidad económica.
Se ha sostenido por los economistas y hacendistas
dentro de la teoría
de los impuestos, que cuando se quiera gravar a los pobres, hay
que establecerles impuestos indirectos, porque son mayoría
y en consecuencia los que más consumen, y cuando se quiera
gravar a los ricos, métale impuestos directos, porque
graba con más fuerza los ingresos y bienes.
Pero quizás, los problemas más
grandes que tiene la tributación colombiana, están
en la gran cantidad de exenciones y descuentos de
que gozan ciertos contribuyentes, especialmente los altos dignatarios
del Estado (Art. 206 del E.T) y el caso de las pensiones de jubilación,
a las cuales, sin lugar a duda, cuando sean exageradas deben
contribuir. Hoy están exentas las pensiones por debajo
de 50 salarios mínimos es decir $15.300.000.
Claro que debemos entender que esta no
fue una norma hecha para
los asalariados comunes y silvestres. Miremos quien hace la ley.
Hay situaciones como la que acaba de denunciar el propio Presidente
de
la República, en donde por virtud de la Reforma Política
hecha por el Congreso, se le incrementa el sueldo a los magistrados
del Consejo Nacional Electoral en más de 15 millones de
pesos mensuales, mientras
a los otros servidores públicos, por el solo hecho de
ganar más de dos salarios mínimos, se les mantiene
congelados.
Que la Corte Constitucional siga fallando
en equidad. O todos en la cama o todos en el suelo.
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