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OPINIONES  

 
La crónica
El espíritu de la ley para
restablecer el derecho

Por RAUL MESTRE JURADO

La ley 600 vigente desde julio 24 del 2001, facultó a jueces y fiscales -en su artículo 21 - para adoptar en los procesos penales, "Ias medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible" y las cosas vuelven al estado anterior, y se indemnicen los perjuicios causados a la víctima con la infracción.

Es decir, que la persona afectada por un hurto, una estafa, etc., no tenga que esperar, como generalmente ocurre, hasta la terminación del proceso penal, para recuperar su casa, su carro, el dinero o le que le hubiesen "tumbado", sino que tan pronto como el funcionario advierta que con la investigación la víctima solo verá sus objetos cuando "llueva pa'rriba" entonces debe "restablecer el derecho" en lo que el legislador denominó, repito, "El restablecimiento y la reparación del derecho".

Sin embargo, algunos funcionarios judiciales, por no decir la mayoría, apelando a la "Iey del menor esfuerzo", esto es "dejar hacer, dejar pasar", porque: ¿para qué meterse en tantos estudios? renuncian a la facultad otorgada por el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, y, repito, por física y material pereza, no adoptan "Ias medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible".

Y les importa muy poco que el infractor se aproveche de esa "debilidad judicial", y continúe, ay que rico mamá! disfrutando del producto de su ilícito, viviendo en la casa que pretende hurtar, viajando en el carro producto de la estafa, o, mejor dicho, dándose la gran vida con el dinero que le sustrajo a la víctima.

Esa gavela que las "formalidades de ley" permiten que el sindicado disfrute del carro, la casa o la plata, fue la que el legislador "en un arranque inhabitual de inteligencia" quiso evitar al crear un mecanismo judicial concordante con el principio constitucional de impartir una "pronta y cumplida justicia" y por ello, facultó al funcionario judicial para "restablecer el derecho del afectado" adoptando las medidas necesarias para restablecer el derecho, sin tanto perendengue.

Es decir, cuando el funcionario advierta que el sindicado disfruta de los bienes aprovechándose de la abrumadora carga laboral que tiene la justicia, o de la elasticidad de las normas o las formalidades de la ley, esto es recurso de reposición, de apelación, de revisión, pedidos de nulidades, etc., que en algunos casos son dilaciones para continuar disfrutando de los bienes ilícitamente adquiridos, el funcionario judicial, puede de "una", es decir, de inmediato y sin titubeos, ordenar al infractor la restitución o devolución del objeto de la litis y luego seguir con el procedimiento.

Ahora yo pregunto: ¿por qué razón algunos funcionarios no adoptan estas medidas?

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