El caso Lezo fue una de las investigaciones de corrupción más sonadas en España y en la cual estuvieron involucrados dos colombianos: Ramón Navarro y Diego García.
En dicho caso estaba implicada directamente la compañía Canal de Isabel II, una empresa pública de España que trabaja con el acueducto del país europeo.
La investigación determinó el desvío de recursos públicos que, según medios internacionales, pudo haber llegado a los 60 millones de euros.
Y Colombia empezó a sonar en dicho caso por Ignacio González, expresidente del Canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid, empresas que habría utilizado para operaciones fraudulentas.
Una de ellas sería la compra fraudulenta de una empresa de Brasil llamada Emissao, en la cual también estuvo involucrada Inassa, aliada del Canal de Isabel II en Latinoamérica y gerenciada por el colombiano Diego García para el año 2013, cuando ocurrieron los hechos.
Las autoridades colombianas empezaron a colaborar en el caso dado que Ignacio González frecuentaba Cartagena y tenía ocultos en este país los recursos obtenidos ilegalmente por la venta de Emissao, cuyo valor comercial fue inflado.
Por eso la Audiencia Nacional de España finalizando el 2017 le incautó 5,4 millones de dólares que tenía en Colombia, con la ayuda de las autoridades locales.
Diego García, pieza clave
El colombiano que dirigía Inassa, brazo del Canal de Isabel II en Suramérica, fue pieza clave porque una vez conectado con los hechos de corrupción, decidió colaborar con la justicia.
Pese a que muchos involucrados lo tildaron de mentiroso, Diego García fue una de las personas que detalló cómo se repartían las comisiones por operaciones corruptas.
Según los detalles que García Arias le entregó a las autoridades, las cuantiosas sumas no se daban solo de inflar los precios de las empresas que compraban, sino de contratos que terminaban siendo ficticios porque no se llevaban a cabo.
De hecho, en el proceso judicial el colombiano aceptó que de la operación con Emissao se quedó con una “mordida” de 900 mil dólares.
Su cooperación llegó a tal punto que el Gobierno de Colombia, en cabeza de Juan Manuel Santos, frenó la orden de extradición que tenía a España para responder por los delitos, dado a su intención de cooperar con la Fiscalía en Colombia.
Y es que García le detalló a las autoridades colombianas y españolas cómo Ignacio González habría realizado la repartición de los más de 5 millones de dólares de sobrecostos que sacaron de Emissao.
Tras haber estado preso por más de dos meses en La Picota y después de su amplia colaboración, Diego García giró 900 mil dólares a la justicia española.
Dicho giro le habría bastado para quedar en libertad, puesto que España dejó de pedirlo en extradición para el año 2018.
Ramón Navarro, recién condenado
El otro colombiano que quedó salpicado en el escándalo de corrupción fue Ramón Navarro, exgerente de la empresa Triple A, ubicada también en Colombia y filial Inassa.
Una de las personas que Diego García delató fue a Ramón Navarro y gracias a sus declaraciones capturaron al exgerente de Triple A en Colombia.
A este implicado la Fiscalía lo ha investigado porque, junto con otros altos directivos de Inassa, participó en el desfalco por más de 27 mil millones de pesos a Triple A.
El modus operandi de Ramón Navarro y sus aliados en este caso era mediante falsos pedidos que nunca fueron adquiridos y que en total fueron 54. Además, realizaron 4 contratos para supuestas consultorías.
Ramón Navarro se allanó a cargos y tras un largo proceso, solo hasta el pasado 8 de septiembre de 2020 un juez lo condenó, como lo detalló El Heraldo.
El togado le dio 55 meses de prisión, con el beneficio de casa por cárcel a razón de su edad y de una complicación en su salud.
Haberse allanado a los cargos desde inicios del proceso le significó una rebaja de la mitad de su pena.
Además de la casa por cárcel, a Ramón Navarro se le ordenó pagar una multa de 22.005 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los cargos de falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito.
Finalmente, Ignacio González no ha podido salir de todos los procesos judiciales y recientemente le abrieron una nueva investigación por un caso similar de corrupción en España.
