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- Nacionales
- Por HENRY LINARES PEREZ
Coordinador Nacionales
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- Definidas las primeras dos
- Refuerzan seguridad en zonas de rehabilitación
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- *Las zonas especiales comprenden los
departamentos de Bolívar, Sucre y Arauca. *Nombran comandantes
militares quienes podrán imponer estrictas medidas de
control.
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BOGOTA
- El Gobierno siguió reforzando su
estrategia de lucha contrainsurgente, al poner en marcha dos
zonas de seguridad que estarán bajo control militar en
Bolívar, Sucre y en Arauca. Amparado en el estado de conmoción
interior que decretó el pasado 12 de agosto, el presidente
Alvaro Uribe definió el sábado las dos primeras
zonas de rehabilitación y consolidación y nombró
a sus dos comandantes militares, quienes podrán imponer
estrictas medidas de control. Una de las zonas comprende nueve
municipios en los departamentos de Bolívar y 15 de Sucre,
y la otra reúne a tres poblaciones en Arauca. El decreto
señala que los jefes militares asumirán el mando
de todas las unidades de la fuerza pública ubicadas en
esas regiones, donde se registra una nutrida presencia de las
guerrillas de las Farc y el ELN y de los paramilitares, que se
diputan allí el control de extensas zonas de narcocultivos.
Asimismo, los jefes castrenses podrán reglamentar los
derechos de movilización y residencia mediante medidas
como el toque de queda, permisos especiales para el libre tránsito,
circulación o permanencia. También podrán
recoger, verificar, conservar y clasificar la información
acerca del lugar de residencia y ocupación de los pobladores
y de las personas que ingresen o transiten por el área
bajo su mando. De igual manera fiscalizarán armas, equipos
de comunicaciones, vehículos y medios de transporte terrestre,
fluvial, marítimo y aéreo. Los habitantes de las
zonas de seguridad tienen la obligación además
de informar sobre la tenencia o uso de armas o equipos de telecomunicaciones,
y deberán tramitar un carné que certifique su residencia.
Quienes incumplan esas obligaciones podrán ser arrestados
y deberán ser puestos a órdenes de una autoridad
judicial dentro de las 24 horas siguientes.
En el decreto también se señalan restricciones
para los ciudadanos extranjeros que deseen visitar las zonas
de rehabilitación. Estos deberán pedir permisos
al Ministerio del Interior. La ministra de Defensa, Martha Lucía
Ramírez, aseguró que las zonas especiales suponen
"un concepto integral de presencia del Estado", al
tiempo que pidió a la Procuraduría y la Fiscalía
acompañar las operaciones de la fuerza pública
como garantía de respeto a los derechos humanos. "Acá
no solamente vamos a ejercer más operaciones militares
y de policía, sino que también vamos a tener mucha
más presencia del Estado en el campo de la salud, la educación
y el empleo", dijo. Alegando que violaba los derechos humanos,
la Corte Constitucional anuló en abril último una
ley de seguridad emitida por el antecesor de Uribe, Andrés
Pastrana, la cual contemplaba la creación de los Teatros
de Operaciones Militares, similares a las zonas especiales creadas
por el actual Gobierno.
Estas zonas hacen parte de la llamada estrategia de "seguridad
democrática" de Uribe, que incluye igualmente el
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la creación de
una red de un millón de informantes civiles del Ejército,
el cobro de un impuesto con destino a los organismos de seguridad
y el pago de recompensas. Al amparo del estado de excepción,
el mandatario también concedió a los organismos
de seguridad la facultad de realizar detenciones sin orden judicial
e interceptar comunicaciones telefónicas, entre otros
asuntos. Representantes de la oposición política
y líderes de organizaciones de derechos humanos han advertido
que esas medidas llevan al país hacia la guerra sucia.
Uribe, quien se ha dicho dispuesto a entablar diálogos
de paz con los grupos ilegales con la mediación de la
ONU y sobre la base de un cese al fuego, expondrá su plan
de seguridad el próximo miércoles en Washington
al presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
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