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Panorama local
Acerca de la seguridad ciudadana
Por PEDRO PEREZ OROZCO
Continuamos analizando lo que debe ser
una política de Seguridad Ciudadana, que permita ligar
el accionar de las autoridades a las comunidades. En artículo
anterior destacamos el papel que juega la actitud de las autoridades
en la ejecución de las políticas de Seguridad Ciudadana
y decíamos que el recurso y el talento humano eran importantes,
lo mismo que la logística y la participación ciudadana.
Hoy nos toca abordar otro de los elementos
de la Seguridad Ciudadana, como es:
LA INVERSION SOCIAL
Hemos estado afirmando que existen factores materiales, generadores
y multiplicadores de la violencia, y de la inseguridad en el
país, la región y las localidades. Esos factores
se expresan en la falta o poca Inversión Social que se
da a todo lo largo y ancho del país, como es en salud,
educación, vivienda, transporte, recreación y el
desempleo galopante que ha llevado a amplios sectores de la población
a una extrema pobreza, debido a que las prioridades del Gobierno
Nacional, hoy transitan por otras necesidades como la guerra
y la política de Seguridad Democrática.
El Departamento y el Distrito han entrado
a la década del 2000 en medio de una crisis económica
y social que no ha permitido darle respuesta a las necesidades
más sentidas de los atlanticenses y barranquilleros que
se manifiestan en el alto desempleo declarado que oscila en el
Distrito en un 18% y el subempleo en un 33%. En Barranquilla
no menos de 150 mil menores están por fuera del sistema
de educación, según datos del Ministerio respectivo
y de la Secretaría de Educación Distrital.
La Red Hospitalaria está en crisis
y la atención de los pacientes es crítica, no se
cuenta con los recursos necesarios para dar una asistencia de
calidad y óptima; se sabe que en el Departamento el déficit
presupuestal de la salud es de 50 mil millones de pesos.
En materia de vivienda en el Distrito existe
una demanda de no menos de 25 mil viviendas de interés
social y el Fondo de Vivienda de Interés Social según
el Alcalde de turno va a ser liquidado, pues no está cumpliendo
el objeto para el cual fue creado.
La Red Vial, está completamente
dañada y no existen recursos para acometer esas obras.
El transporte es un caos, pues hasta los
reguladores del Tránsito se les ha recortado sus funciones
y hoy no se sabe quien tiene la competencia para aplicar sanciones,
debido a que tampoco los agentes de la Policía Nacional
están desarrollando esa atribución.
La pobreza se ha generalizado y varios
sectores de la clase media y media-alta, se han empobrecido;
la economía del rebusque se ha estado apoderando de barrios
como Recreo, Los Andes, Olaya, Delicias, Boston, Prado, Alto
Prado y Bellavista. Las familias para poder costear los gastos
de manutención de sus hogares se han dedicado a abrir
en sus casas ventas de comidas rápidas como perros calientes
y hamburguesas.
Los establecimientos de ventas de licor
pululan en estos sectores residenciales, lo que está trayendo
como consecuencia la degradación de la calidad de vida
de estos asentamientos urbanos que en antaño tenían
una vida más cómoda y digna.
En los sectores populares el desempleo
y la extrema pobreza están presionando una descomposición
social de los jóvenes, quienes vienen siendo víctimas
de la drogadicción que los lleva a incurrir en conductas
criminales, como delitos contra la propiedad, la integridad personal
y las libertades sexuales.
Una serie de bandas juveniles están
azotando el suroccidente, el sur y el suroriente de la ciudad,
pero de ellas no escapan tampoco zonas del norte, donde bandas
juveniles como los de la Hiper Mega Play están generando
inseguridad.
Esta realidad insoslayable, debe convocarnos,
para aunar esfuerzos y concebir una política de Seguridad
Ciudadana que tenga como eje la más agresiva inversión
social que desactive a esos factores objetivos generadores y
multiplicadores de la violencia común que hoy está
agravando la seguridad en el Distrito y que en última
instancia es el caldo de cultivo que nutre las otras clases de
violencia.
El 60% de la población del Distrito
a distintas escalas está sufriendo los rigores de la pobreza,
por lo que se hace aconsejable y pertinente que nos armemos de
una voluntad político - administrativa y comunitaria para
acometer acciones, que le devuelvan a Barranquilla su pasado
patrimonio de ser un "Remanso de paz", "La Puerta
de Oro de Colombia", "El mejor vividero de América"
y la "Ciudad hospitalaria del Caribe".
Ello implica generar políticas y
recursos que permitan que en el país y la ciudad se atraiga
una gran inversión por el sector productivo nacional e
internacional, público o privado que le de cabida al empleo
digno y bien remunerado, que nos permita atacar la pobreza.
Es necesario también redistribuir
las riquezas, no por la vía de la expropiación,
sino por la de los impuestos directos al patrimonio, para que
paguen más los que tengan más, y no se siga insistiendo
por la vía de los impuestos indirectos como el IVA, que
hacen descansar en los más pobres el peso del sostén
del Estado y del gobierno.
Desde la Secretaría de Educación,
en coordinación con el Ministerio del ramo, se deben emprender
una serie de gestiones que hagan pertinente superar el déficit
escolar para que se les permita a esos 150 mil menores ingresar
a la Red Educativa del Distrito; en materia de salud, hay que
avanzar sobre las dificultades que atraviesan los centros hospitalarios
del Distrito, para poner la salud al alcance de los sectores
más vulnerables mediante la llamada salud subsidiada,
desarrollando la más agresiva ampliación de la
cobertura y la entrega de los carnets que hagan posible una atención
pronta y eficaz a los menesterosos.
Todo ello, debe complementarse con el esfuerzo
de los órganos de control que hagan respetar los recursos
destinados a dar respuestas a estos problemas, para que no se
fuguen por las trapisondas de la corrupción que le niegan
a los más pobres el derecho de tener una vida digna, acorde
con lo preestablecido en el Art. 1 y 2 de la Constitución
Nacional.
Una política de Seguridad Ciudadana,
apoyada sobre la inversión social y la voluntad política
de los gobernantes y las comunidades, es capaz de desactivar
la inseguridad y la violencia que no permite la convivencia pacífica.
En próximo escrito hablaremos sobre
los valores y principios, que deben generar y consolidar la Seguridad
Ciudadana.
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