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Tema de análisis
La "Supermanía" se acabó
* Mientras que las empresas prestadoras
abusan de su posición dominante, la Superintendencia de
Servicios Públicos se hace la de la vista gorda.
Por CARLOS HERRERA DELGANS
Con la expedición de la Constitución
de 1991, se creó en su artículo 370, la Superintendencia
de Servicios Públicos, como defensora de los usuarios
de los servicios públicos domiciliarios.
Esa concepción de defender a los
usuarios de los abusos de las empresas prestadoras, caló
entre la ciudadanía, que se contagio de su papel protagónico.
Virus que se extendió por todo el territorio nacional.
Eso conllevó a que el ciudadano
de carne y hueso comenzara a creer por primera vez en el Estado
social de derecho. La super, comenzó a llenar el vacío
del Estado, en cuanto a acercamiento con el ciudadano. Se hablaba
de la "supermanía".
La fiebre que despertó esta entidad
estatal contagió a todo un pueblo, que lo único
que hablaba era que a las empresas de servicios públicos
le salió el "pollo".
Hoy 10 años después de la
expedición de la Ley 142 de 1994, el panorama es otro.
A la super se le acabó el discurso. Las empresas prestadoras
conocen su talón de Aquiles.
En general, el inconformismo de la ciudadanía
por el poco protagonismo de la Superintendencia, vaya que preocupa.
Se ha generalizado que es una entidad al servicio de las empresas
prestadoras, que es una entidad tramitadora, que sus funcionarios
son de escritorios, que no acompaña a los usuarios en
sus problemas y lo más grave, que no cumple su papel de
vigilancia y control.
Razón tienen los usuarios cuando
dicen que la super no le mete miedo a nadie.
Ante esa apreciación tenemos que
decir que los ingresos que percibe la superintendencia provienen
de las empresas prestadoras. El 1% del valor de los gastos de
funcionamiento de las empresas van a las arcas de la super. De
eso se retroalimenta.
La Superintendencia de Servicios Públicos
es la única de las Superintendencia en el país
creada por mandato constitucional, lo que la vuelve inmune a
cualquier amago de extinción.
No queriendo decir esto que esté
exenta de reforma, por el contrario, su pobre papel amerita que
se estudie una enmienda constitucional para hacerla más
operativa en su misión como "defensora" de los
desprotegidos usuarios de los servicios públicos.
Es decepcionante la labor que viene realizando
la Direccional Territorial para la Costa Norte, donde los usuarios
no conocen en carne y hueso a su director, señor, Ricardo
Abuchaibe, que recientemente salió, a Dios gracia, me
imagino, por su maravilloso papel cumplido.
Salió sin pena ni gloria, pero deja
interinamente a una de su misma calaña. Funcionario que
no tuvo contacto con los usuarios, que no atendió a los
usuarios y que no conoció los problemas de los usuarios.
En la Dirección Territorial, cuyas
oficinas se encuentran en Barraquilla, nadie atiende a nadie,
no hay recepción de los funcionarios con los usuarios
que llegan a buscar una asesoría u orientación.
Las caras agrias y mal geniadas que salen
a atender, son poco los conocimientos que brinda al desesperado
usuario, que antes de encontrar una solución terminan
denigrando de la entidad.
La Superintendencia se convirtió
en un nido más de la politiquería de este país.
Se contrata personal, no por capacitad profesional o técnica,
sino por recomendación política.
De ahí los resultados desastrosos
que la tienen en la picota pública, toda vez que su función
constitucional de control y vigilancia no las ejerce, sino que
se enfrascó en resolver recursos de queja, apelación
y denuncias por silencio administrativo positivo.
De ahí que hoy en día la
super se encuentra abarrotada de papel.
Los benditos recursos de apelación
y queja demoran una eternidad para resolverlos, y al fallarlo
en su mayoría son favorables a las empresas prestadoras.
Y decimos favorables a las empresas prestadoras,
puesto que quienes proyectan dichos recursos son profesionales
contratados por producción.
Es decir, el que más recurso resuelva
más gana.
Situación denigrante y aberrante,
puesto que no se hace un análisis jurídico reposado
de la situación de cada usuario, toda vez que no se falla
en derecho sino en producción.
Es por eso que el usuario antes de acudir
a la Super prefiere contratar los servicios profesionales de
un abogado que tenga conocimiento en el tema, para que defienda
sus derechos, porque la superintendencia no se defiende ni ella
misma.
Los lamentables hechos que se registran
a diario en Barranquilla y el departamento del Atlántico
por los indiscriminados racionamientos de la empresa Electricaribe,
donde la alteración del orden público ha sido el
plato fuerte por los disturbios protagonizados por los rebeldes
usuarios, que reclaman su derecho fundamental a la prestación
de un servicio continuo.
Que paguen justos por pecadores, no lo
contempla la ley; que la suspensión sea masiva tampoco
lo contempla la ley; que la suspensión sea individual,
es el mandato de la ley 142 de 1994.
Al respecto la super no ha dicho ni pío.
Está en mora la Superintendencia
de Servicios Públicos con el país y la costa caribe,
que espera mucho más de ella, que se creó para
defender los derechos de los usuarios y no para patrocinar más
impunidad en este país del sagrado corazón de Jesús.
No es como dice el presidente de la República,
que a la Superintendencia hay que darle más diente para
que funcione. La super tiene suficientes dientes, lo que no sabe
es dar la mordida.
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