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Tema de análisis
La "Supermanía" se acabó

* Mientras que las empresas prestadoras abusan de su posición dominante, la Superintendencia de Servicios Públicos se hace la de la vista gorda.

Por CARLOS HERRERA DELGANS

Con la expedición de la Constitución de 1991, se creó en su artículo 370, la Superintendencia de Servicios Públicos, como defensora de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios.

Esa concepción de defender a los usuarios de los abusos de las empresas prestadoras, caló entre la ciudadanía, que se contagio de su papel protagónico. Virus que se extendió por todo el territorio nacional.

Eso conllevó a que el ciudadano de carne y hueso comenzara a creer por primera vez en el Estado social de derecho. La super, comenzó a llenar el vacío del Estado, en cuanto a acercamiento con el ciudadano. Se hablaba de la "supermanía".

La fiebre que despertó esta entidad estatal contagió a todo un pueblo, que lo único que hablaba era que a las empresas de servicios públicos le salió el "pollo".

Hoy 10 años después de la expedición de la Ley 142 de 1994, el panorama es otro. A la super se le acabó el discurso. Las empresas prestadoras conocen su talón de Aquiles.

En general, el inconformismo de la ciudadanía por el poco protagonismo de la Superintendencia, vaya que preocupa. Se ha generalizado que es una entidad al servicio de las empresas prestadoras, que es una entidad tramitadora, que sus funcionarios son de escritorios, que no acompaña a los usuarios en sus problemas y lo más grave, que no cumple su papel de vigilancia y control.

Razón tienen los usuarios cuando dicen que la super no le mete miedo a nadie.

Ante esa apreciación tenemos que decir que los ingresos que percibe la superintendencia provienen de las empresas prestadoras. El 1% del valor de los gastos de funcionamiento de las empresas van a las arcas de la super. De eso se retroalimenta.

La Superintendencia de Servicios Públicos es la única de las Superintendencia en el país creada por mandato constitucional, lo que la vuelve inmune a cualquier amago de extinción.

No queriendo decir esto que esté exenta de reforma, por el contrario, su pobre papel amerita que se estudie una enmienda constitucional para hacerla más operativa en su misión como "defensora" de los desprotegidos usuarios de los servicios públicos.

Es decepcionante la labor que viene realizando la Direccional Territorial para la Costa Norte, donde los usuarios no conocen en carne y hueso a su director, señor, Ricardo Abuchaibe, que recientemente salió, a Dios gracia, me imagino, por su maravilloso papel cumplido.

Salió sin pena ni gloria, pero deja interinamente a una de su misma calaña. Funcionario que no tuvo contacto con los usuarios, que no atendió a los usuarios y que no conoció los problemas de los usuarios.

En la Dirección Territorial, cuyas oficinas se encuentran en Barraquilla, nadie atiende a nadie, no hay recepción de los funcionarios con los usuarios que llegan a buscar una asesoría u orientación.

Las caras agrias y mal geniadas que salen a atender, son poco los conocimientos que brinda al desesperado usuario, que antes de encontrar una solución terminan denigrando de la entidad.

La Superintendencia se convirtió en un nido más de la politiquería de este país. Se contrata personal, no por capacitad profesional o técnica, sino por recomendación política.

De ahí los resultados desastrosos que la tienen en la picota pública, toda vez que su función constitucional de control y vigilancia no las ejerce, sino que se enfrascó en resolver recursos de queja, apelación y denuncias por silencio administrativo positivo.

De ahí que hoy en día la super se encuentra abarrotada de papel.

Los benditos recursos de apelación y queja demoran una eternidad para resolverlos, y al fallarlo en su mayoría son favorables a las empresas prestadoras.

Y decimos favorables a las empresas prestadoras, puesto que quienes proyectan dichos recursos son profesionales contratados por producción.

Es decir, el que más recurso resuelva más gana.

Situación denigrante y aberrante, puesto que no se hace un análisis jurídico reposado de la situación de cada usuario, toda vez que no se falla en derecho sino en producción.

Es por eso que el usuario antes de acudir a la Super prefiere contratar los servicios profesionales de un abogado que tenga conocimiento en el tema, para que defienda sus derechos, porque la superintendencia no se defiende ni ella misma.

Los lamentables hechos que se registran a diario en Barranquilla y el departamento del Atlántico por los indiscriminados racionamientos de la empresa Electricaribe, donde la alteración del orden público ha sido el plato fuerte por los disturbios protagonizados por los rebeldes usuarios, que reclaman su derecho fundamental a la prestación de un servicio continuo.

Que paguen justos por pecadores, no lo contempla la ley; que la suspensión sea masiva tampoco lo contempla la ley; que la suspensión sea individual, es el mandato de la ley 142 de 1994.

Al respecto la super no ha dicho ni pío.

Está en mora la Superintendencia de Servicios Públicos con el país y la costa caribe, que espera mucho más de ella, que se creó para defender los derechos de los usuarios y no para patrocinar más impunidad en este país del sagrado corazón de Jesús.

No es como dice el presidente de la República, que a la Superintendencia hay que darle más diente para que funcione. La super tiene suficientes dientes, lo que no sabe es dar la mordida.

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