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   EDITORIAL  


 
Huelga de pescadores en Perú
Un pescador artesanal del puerto de Chorrillos en Lima (Perú), descansa sobre sus redes, durante el segundo día de huelga de dicho sector. Los pescadores del litoral limeño paralizaron sus labores en los muelles y puertos para exigir la derogación de un Decreto Supremo, el cual permite el ingreso de embarcaciones industriales, por el sur del país, a las cinco millas marinas, destinadas a la pesca artesanal.

¿Qué pasa en el I.S.S?

Muchas personas, han sido víctimas del saqueo al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, al verse afectadas en el pago de sus jubilaciones.

Hemos recibido innumerables quejas de ciudadanos, que habiendo pagado las semanas, que exige la ley, como requisito para jubilarse y los otros requisitos legales, han visto que no les pagan sus mesadas de jubilación y tienen que esperar varios meses, para recibir su primera mesada de pensión de jubilación.

Esta situación no tiene justificación de ninguna especie, puesto que las empresas privadas han venido pagando, en forma puntual sus aportes al I.S.S.

Es muy probable, que algunos funcionarios corruptos se estén enriqueciendo, en forma ilícita, robándose el dinero que pagan los empresarios y trabajadores, como aportes a las pensiones de jubilación.

Diario LA LIBERTAD, solicita la intervención de la Procuraduría, la Contraloría General de la Nación y la Fiscalía, para frenar las acciones delictuosas de los "caballeros de industria", también conocidos con el alias de "hampones de cuello blanco y guantes de seda" y sancionarlos de acuerdo a la Ley.

El robo a Barranquilla

El Señor Secretario de Hacienda, Raúl Renowitzky, ha denunciado que más de 200.000 millones de pesos, en acreencias del Distrito, amparadas por la Ley 550 no tienen soportes legales.

Todo parece indicar, que en el Distrito de Barranquilla, no se aplicó el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) y que se trata de "cuentas chimbas".

Las disposiciones generales del Distrito, prohiben tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos, cuando no reúnen los requisitos legales o se configuren, como hechos cumplidos.

Los ordenadores de gastos, responderán, disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en las disposiciones generales del Distrito en sus presupuestos.

En las disposiciones generales del presupuesto distrital de Barranquilla, aprobado por el Concejo Distrital, aparece la prohibición de pagar cuentas y compromisos, sin el certificado de disponibilidad presupuestal y el respectivo registro de compromiso presupuestal, emitido por la Dirección del Presupuesto.

"Queda absolutamente prohibido en todas las ramas de la Administración Pública Distrital, dictar Resolución de Reconocimiento, para legalizar obligaciones contraidas por fuera del presupuesto, sin el certificado de disponibilidad presupuestal y el respectivo Registro de Compromiso Presupuestal, emitido por la Dirección de Presupuesto.

En los términos que señala la Ley, el funcionario que actúe o contraiga obligaciones no autorizadas por la ley o por los Acuerdos, se hará responsable de sus actos".

El Señor Secretario de Hacienda, Raúl Renowitzky, ha calculado las obligaciones reales del Distrito de Barranquilla, en unos 378.000 millones de pesos.

Las otras "cuentecitas" que suman más de 200.000 millones de pesos, no tienen reserva presupuestal y no cumplen con los requisitos que exige la ley colombiana para su pago.

Consideramos importantes y oportunas las denuncias presentadas por el Señor Secretario de Hacienda, las cuales confirman las que hizo el Alcalde Guillermo Hoenigsberg, cuando era candidato a la Alcaldía Distrital y coinciden con el estudio Montenegro, mediante el cual se estimó la deuda pública, de la ciudad, en 420.000 millones de pesos, cifra distante y distinta a la que presentaron el Alcalde Caiafa y el Promotor Cleves de 824.000 millones de pesos.

Conviene recordar, en estos momentos iniciales de la Administración Hoenigsberg, que corresponde al Alcalde por intermedio de la Secretaría de Hacienda ordenar y reconocer el pago de todos los gastos de la Administración y la forma de hacerlo, es dentro del marco de la Ley 136 de 1.994, el Decreto 111 de 1946 y la CN, que prohiben ordenar gastos sin reserva presupuestal y atendiendo lo preceptuado por la Ley 80 de 1.993, en cuanto al pago de los contratos, los cuales deberán estar en armonía con el Plan de Desarrollo y el Presupuesto.

Por lo tanto, el Alcalde y el Secretario de Hacienda deberán denunciar ante las autoridades competentes, este intento de peculado por apropiación.



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