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El saqueo al Distrito
Graves denuncias se hicieron, en el seno
del Concejo Distrital de Barranquilla, durante la sesión
en la cual fueron elegidos, por los Concejales, el nuevo Contralor,
Rafael González Rubio y el nuevo Personero, Laurian Puerta.
Los Concejales Eduardo Pulgar Daza y Laureano
Acuña, integrantes de la coalición minoritaria,
denunciaron presuntos robos al erario y le pidieron al nuevo
Contralor Distrital, investigar los ilícitos denunciados,
hasta sus últimas consecuencias.
Los saqueos al tesoro del Distrito, según
los Concejales denunciantes, ocurrieron en dos dependencias:
El Tránsito Distrital y la Contraloría
Distrital.
El Concejal Laureano Acuña, manifestó
que en la Contraloría Distrital de Barranquilla, existía
una deuda de 3.000 millones de pesos.
Es decir, se realizaron gastos no presupuestados,
por esa cuantía, lo cual sería un acto punible,
que iría contra el estatuto orgánico del presupuesto
y la Constitución Política de Colombia:
"No se puede realizar ningún
gasto, que no estuviese presupuestado".
El hecho revestiría mayor gravedad,
en caso de ser ciertas las denuncias del Concejal Acuña,
puesto que se trata del Señor Contralor Distrital saliente,
Gregorio Peñaranda, quien fue elegido, precisamente para
ejercer el control fiscal, sobre los presupuestos de las entidades
distritales.
Sería un mal ejemplo, a nivel local, regional y nacional,
para los ciudadanos colombianos que creen que el Estado de Derecho
y para los demás Contralores de la Patria, ya que estamos
enterados, que el Contralor saliente, fue elegido Directivo Nacional
de la Asociación de Contralores del país.
También, denunció el Concejal
Laureano Acuña, que el Señor Contralor saliente,
realizó una adición de setecientos ($700.000.000)
millones de pesos, para ejecutar unos trabajos de "remodelación",
en la tantas veces "remodelada" sede la Contraloría
Distrital, la cual ha sido sometida a "costosas remodelaciones",
por algunos Contralores Distritales, en épocas recientes.
Esta acusación, debería ser
debatida y comprobada, porque es de máxima gravedad, ya
que toda adición presupuestal debería ser aprobada
por el Concejo Distrital.
Si ello fuese cierto, en esta época
donde están de moda las "suplantaciones", el
Contralor Distrital, estaría "suplantando" al
Concejo Distrital, en sus funciones y atribuciones legales y
constitucionales.
De comprobarse, las denuncias del mencionado
Concejal, el Contralor Distrital deberá responder, disciplinariamente
y penalmente, por sus actuaciones.
Faltaría saber, si el Concejal Laureano
Acuña, presentó las denuncias correspondientes,
ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la
Nación o si solamente se trató de un debate al
Contralor saliente.
Por otra parte, el Concejal Eduardo Pulgar
Daza, denunció un robo al Estado, por valor de 5.000 millones
de pesos, en el Tránsito Distrital.
No presentó los soportes de sus
denuncias, ni las pruebas contundentes sobre este presunto saqueo
al Tesoro Distrital.
Solamente, denunció el hecho delictuoso
y le pidió al Contralor Distrital entrante, Rafael González
Rubio, que investigase ese presunto peculado, por apropiación,
en el mencionado instituto distrital.
Todo parece indicar, que durante este año,
se les va a escuchar la voz a los Concejales de Barranquilla,
realizando el control político, que es su deber constitucional.
Tenemos que manifestar, en esta columna
editorial, que los concejales elegidos en el año 2.000
y que actuaron durante el período 2001-2003, se distinguieron
por su silencio: no se les escuchó jamás, una denuncia
contra ningún funcionario corrupto del Distrito.
Por el silencio del Concejo, la Contraloría
y la Personería Distrital, durante ese nefasto período,
"parecería que en nuestra ciudad las cosas marcharían
corectamente, dentro de los parámetros legales y constitucionales".
Sin embargo, el informe excepcional de
la Contraloría General de la República, sobre las
aplicaciones de las Leyes 617 y 550, dice exactamente lo contrario,
denunciando elevadísimos índices de corrupción
adminsitrativa, donde abunda el peculado y el prevaricato, en
sus diferentes modalidades.
Diario LA LIBERTAD, en múltiples
editoriales y columnas, solicitó el ejercicio del control
político, por parte del Concejo Distrital y el Control
Fiscal, por parte de la Contraloría, a los actos administrativos
de la pasada administración, sin obtener respuesta alguna.
No hubo debates, ni denuncias, de ninguna
clase, ante las autoridades competentes.
La ciudadanía barranquillera, aspira
y espera, que los debates que se inicien en el Concejo, sean
terminados.
Estamos cansados, de debates que se inician
y de pronto, terminan en un prolongado silencio.
Algún concejal, fuera de cámaras
y grabadoras, el ser interrogado por su sorpresivo silencio,
respondió:
"Es mala educación, hablar
con la boca llena".
Ojalá que el 2004, sea un año
de grandes rectificaciones. Eso esperamos.
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