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   POLITICA  




Por
JAVIER DE LA HOZ LUNA



 

Nueva arremetida de Santos
contra la ONU y Samper P.

Duras críticas contra el asesor especial de la ONU para Colombia, James Lemoyne y una fuerte réplica a las críticas formuladas por el ex presidente Ernesto Samper Pizano al proceso de paz con el grupo armado ilegal Autodefensas, lanzó el vicepresidente de la República, Francisco Santos.

El Vicepresidente denunció que los grupos armados ilegales, Farc y ELN desaparecieron a dos mil secuestrados, no obstante que sus familiares pagaron los rescates por su liberación.

Dijo que la propuesta de un referendo para el acuerdo humanitario es tema que debe estar en la órbita del Presidente de la República y no del Partido Liberal o de la oposición.
Sobre el señor James Lemoyne, el enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas, para el tema humanitario y otros relacionados con eventuales procesos de paz, dijo que hasta el momento el gobierno no ha visto ningún resultado en su gestión mediadora o de buenos oficios. Esperamos que se den, agregó el Vicepresidente.

Afirmó que en el proceso de paz con el grupo armado ilegal Autodefensas pudo haber fallas, pero dijo que ni el ex presidente Samper ni nadie, "tienen autoridad para decir que un proceso con el que le podemos quitar 18 mil hombres armados a Colombia, no debíamos buscar para el beneficio del país".

Hay que señalar que mientras que el Alto Comisionado para la Paz , Luis Carlos Restrepo, ponía fin a la polémica generada entre la OEA y la ONU por las gestiones que adelantan en Colombia para lograr la paz, al respaldar el papel de ambos organismos y autorizarlos para que hagan lo que sea necesario con ese fin, el vicepresidente, Francisco Santos, arremetió con críticas contra el asesor especial de la ONU para Colombia, James Lemoyne, tras denunciar que los grupos armados ilegales, Farc y ELN, desaparecieron a dos mil secuestrados, no obstante que sus familiares pagaron los rescates por su liberación.

El Alto Comisionado Restrepo expresa en cambio en un comunicado, que el gobierno valora de manera positiva el apoyo que la ONU ha dado a la Misión de la OEA, que se instalará en el país para acompañar los esfuerzos de paz que adelanta el Gobierno Nacional y reafirma su confianza en la gestión de buenos oficios del Secretario General de Naciones Unidas, y su asesor especial para Colombia, James Lemoyne, a fin de lograr una paz duradera para el país.
Santos, además agregó a sus comentarios, una fuerte réplica a las críticas formuladas por el ex presidente Ernesto Samper Pizano al proceso de paz con el grupo armado ilegal Autodefensas.

Dijo que la propuesta de un referendo para el acuerdo humanitario, es tema que debe estar en la órbita del Presidente de la República y no del Partido Liberal o de la oposición.

Sobre James Lemoyne, el enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el tema humanitario y otros relacionados con eventuales procesos de paz, dijo que hasta el momento el Gobierno no ha visto ningún resultado en su gestión mediadora o de buenos oficios.


Decisiones de la DNL deben ser valoradas
a la luz de una profunda reflexión: Córdoba

Recientemente la Dirección Nacional del Partido Liberal ha tomado una serie de decisiones, tales como ofrecer la coordinación del tema de acuerdo humanitario al ex presidente Samper, y atender el llamado del Presidente Uribe para hacer un gran acuerdo político.

Al respecto, la Senadora Piedad Córdoba hizo un pronunciamiento señalando: "El anuncio público según el cual el Partido Liberal participará en la convocatoria formulada por el gobierno del presidente Uribe Vélez, para celebrar acuerdos en torno a una agenda gubernamental, tiene gran importancia en la medida en que significa un cambio de rumbo en las relaciones del Ejecutivo con las grandes fuerzas partidistas, generalmente desconocidas y marginadas desde el comienzo del actual mandato presidencial".

Córdoba enfatizó al señalar: "no obstante pienso que esa iniciativa tiene que ser valorada a la luz de una profunda reflexión sobre los verdaderos propósitos del gobierno, cuya orientación, bien lo sabe el pueblo colombiano, es de carácter neoliberal y, por tanto, contrario a los postulados del liberalismo socialdemócrata que ustedes y yo hemos jurado defender.

Si se trata de una reedición del referendo gubernamental, nos debemos declarar impedidos para asumir el compromiso de su análisis, toda vez que la clara y contundente ausencia del pueblo en las urnas, constituyó un fallo histórico y un mandato insoslayable que ningún ciudadano debe desconocer.

Ahora, si se trata de una agenda abierta en la que el liberalismo no va a estar constreñido por el poder presidencial para aprobarle sin discusión sus proyectos, sino que se permitirá a sus voceros discutir la validez de las propuestas y presentar iniciativas propias, entonces debemos concurrir con el mejor ánimo posible.

En tal sentido, pienso que la presentación en ese escenario del proyecto sobre adopción de un régimen semiparlamentario y un estatuto de la oposición, la revisión con óptica social de la Ley 100 y de la Ley 142, así como el impulso a un acuerdo humanitario con los sectores insurgentes para buscar la liberación de los secuestrados, el estudio de un verdadero estatuto fiscal que fortalezca la autonomía regional y local (y no sólo tributarista o alcabalero, como parecen ser las proyecciones del gobierno), permitirían un enriquecedor debate en el que el liberalismo asumiría un compromiso patriótico y progresista en defensa de las mayorías de Colombia y del Estado social de derecho.

Debemos hacer un esfuerzo por incluir en esa agenda políticas y programas para la defensa de la vida, la generación de empleo y concebir estrategias para combatir la pobreza, la criminalidad y la exclusión social. No podemos olvidar que este año celebraremos cinco años de haber sido recibidos como miembros de pleno derecho por la Internacional Socialista y ese compromiso debe reflejarse en una práctica ética y en una acción política consonantes con ese ideario.

Tengo la certeza de que nuestros voceros serán ciudadanos (as) de la mejor calificación, en el sentido de conocimiento del país y no sólo élites distanciadas de los problemas sociales y con intereses particulares y cortoplacistas.

Deben ser verdaderos socialdemócratas, sobre cuya trayectoria al servicio de los grandes intereses de la democracia y la sociedad no haya la más mínima sospecha.


La Procuraduría fortalecerá la
gestión de mandatarios locales

A través de una ambiciosa estrategia de capacitación, que abarcará la totalidad del territorio nacional, la Procuraduría General de la Nación brindará herramientas de gestión pública a los mandatarios regionales recién posesionados, con el fin de evitar que por desconocimiento de la norma puedan incurrir en faltas disciplinarias.

En cumplimiento de su función preventiva, la Procuraduría ofrecerá a las autoridades territoriales electas y a sus equipos de trabajo, el "Seminario de Actualización en Gestión Pública y Responsabilidad del Servidor Público", dirigido a enriquecer los conocimientos de estos servidores públicos, para que contando con más instrumentos puedan responder las expectativas de sus comunidades, a través de una gestión más eficiente y transparente.

El Seminario se desarrollará a través de talleres prácticos que actualizarán a los nuevos mandatarios en áreas básicas de gestión municipal, como contratación estatal, control fiscal, manejo de transferencias y regalías, auditoría contable, saneamiento contable y empalme contable, presupuesto público, veedurías ciudadanas, servicios públicos, en las que tienen que ver con la responsabilidad de la conducta de los servidores públicos, para lo cual se tiene previsto un taller en Derecho Disciplinario, así como las relacionadas con la protección del medio ambiente y la infancia en los Planes de Desarrollo Regional.

El encuentro académico, que se diseñó exclusivamente para gobernadores, alcaldes, personeros municipales y contralores departamentales que inician sus periodos, se iniciará este 23 de febrero en Bogotá y continuará hasta abril del presente año, recorriendo todas las regiones del territorio nacional, a través de 16 ciudades.

Se espera capacitar a través del Instituto de Estudios del Ministerio Público, a 5.804 servidores públicos del país, quienes de manera gratuita podrán asistir a las 24 horas académicas previstas para cada uno de los eventos, en las ciudades de Bogotá, Tunja, Barranquilla, Cartagena, Montería, Valledupar, Cali, Popayán, Pasto, Manizales, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, Ibagué y Villavicencio.

Con esta labor preventiva, la Procuraduría, la Contraloría y la Contaduría, quienes también acompañan el proceso, esperan colaborar para que las autoridades locales del país puedan dar cumplimiento a lo señalado en la constitución y las leyes en el desempeño de su labor y evitar posibles hechos que puedan perjudicar los intereses de la sociedad colombiana.


Asthon demanda mayor acción
del Gobierno en el puerto local

El Representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, Álvaro Ashton Giraldo, ventiló ante el señor Ministro de Transportes, Andrés Uriel Gallego, y el señor Director del Departamento Nacional de Planeación, Santiago Montenegro Trujillo, la situación del puerto de Barranquilla.

En citas especiales solicitadas por el Parlamentario y concedidas por las entidades gubernamentales, se logró una vez más concitar la voluntad del gobierno central, para que intervenga ante la difícil situación por la que atraviesa el puerto de Barranquilla y se comprometieron a participar en los foros y seminarios referentes al tema, para lograr una solución definitiva mediante el mejoramiento de las obras de infraestructura del canal de acceso de dicho puerto.

Por tal motivo se tramitó oportunamente la Ley 856 de 2003, por la cual se modifica el artículo 7 de la Ley 1 de 1991, el cual fue sancionado a finales de la legislatura anterior.

Particularmente, el Representante Ashton, logró interesar al gobierno central, a través del Ministro de Transporte y el Director Nacional de Planeación, en la viabilidad del puerto de aguas profundas, que al parecer del gobierno es una alternativa importante, necesaria e inaplazable que tienen que abocar las fuerzas vivas de Barranquilla, incluyendo las clases dirigentes, el señor gobernador del Atlántico, Carlos Rodado Noriega y el alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg, así como también el apoyo y el concurso del gobierno central.

De igual forma, el congresista, Álvaro Ashton, intercedió ante el Ministerio de Transporte, para que se tenga en cuenta la participación de la Universidad del Norte en esta situación, habida consideración que esta institución ha venido colaborando científica y técnicamente en la solución de la problemática del puerto de Barranquilla.

Como consecuencia de esta crisis, se desprende la necesidad de convocar a todos los actores interesados en la problemática del puerto de Barranquilla, a que organicen un solo discurso que propenda a una salida definitiva a esta crisis recurrente de dicho puerto.

   

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