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Nueva arremetida de Santos
contra la ONU y Samper P.
Duras
críticas contra el asesor especial de la ONU para Colombia,
James Lemoyne y una fuerte réplica a las críticas
formuladas por el ex presidente Ernesto Samper Pizano al proceso
de paz con el grupo armado ilegal Autodefensas, lanzó
el vicepresidente de la República, Francisco Santos.
El Vicepresidente denunció que los
grupos armados ilegales, Farc y ELN desaparecieron a dos mil
secuestrados, no obstante que sus familiares pagaron los rescates
por su liberación.
Dijo que la propuesta de un referendo para
el acuerdo humanitario es tema que debe estar en la órbita
del Presidente de la República y no del Partido Liberal
o de la oposición.
Sobre el señor James Lemoyne, el enviado especial del
Secretario General de las Naciones Unidas, para el tema humanitario
y otros relacionados con eventuales procesos de paz, dijo que
hasta el momento el gobierno no ha visto ningún resultado
en su gestión mediadora o de buenos oficios. Esperamos
que se den, agregó el Vicepresidente.
Afirmó que en el proceso de paz
con el grupo armado ilegal Autodefensas pudo haber fallas, pero
dijo que ni el ex presidente Samper ni nadie, "tienen autoridad
para decir que un proceso con el que le podemos quitar 18 mil
hombres armados a Colombia, no debíamos buscar para el
beneficio del país".
Hay que señalar que mientras que
el Alto Comisionado para la Paz , Luis Carlos Restrepo, ponía
fin a la polémica generada entre la OEA y la ONU por las
gestiones que adelantan en Colombia para lograr la paz, al respaldar
el papel de ambos organismos y autorizarlos para que hagan lo
que sea necesario con ese fin, el vicepresidente, Francisco Santos,
arremetió con críticas contra el asesor especial
de la ONU para Colombia, James Lemoyne, tras denunciar que los
grupos armados ilegales, Farc y ELN, desaparecieron a dos mil
secuestrados, no obstante que sus familiares pagaron los rescates
por su liberación.
El Alto Comisionado Restrepo expresa en
cambio en un comunicado, que el gobierno valora de manera positiva
el apoyo que la ONU ha dado a la Misión de la OEA, que
se instalará en el país para acompañar los
esfuerzos de paz que adelanta el Gobierno Nacional y reafirma
su confianza en la gestión de buenos oficios del Secretario
General de Naciones Unidas, y su asesor especial para Colombia,
James Lemoyne, a fin de lograr una paz duradera para el país.
Santos, además agregó a sus comentarios, una fuerte
réplica a las críticas formuladas por el ex presidente
Ernesto Samper Pizano al proceso de paz con el grupo armado ilegal
Autodefensas.
Dijo que la propuesta de un referendo para
el acuerdo humanitario, es tema que debe estar en la órbita
del Presidente de la República y no del Partido Liberal
o de la oposición.
Sobre James Lemoyne, el enviado especial
del Secretario General de las Naciones Unidas para el tema humanitario
y otros relacionados con eventuales procesos de paz, dijo que
hasta el momento el Gobierno no ha visto ningún resultado
en su gestión mediadora o de buenos oficios.
Decisiones de la DNL
deben ser valoradas
a la luz de una profunda reflexión: Córdoba
Recientemente la Dirección Nacional
del Partido Liberal ha tomado una serie de decisiones, tales
como ofrecer la coordinación del tema de acuerdo humanitario
al ex presidente Samper, y atender el llamado del Presidente
Uribe para hacer un gran acuerdo político.
Al respecto, la Senadora Piedad Córdoba
hizo un pronunciamiento señalando: "El anuncio público
según el cual el Partido Liberal participará en
la convocatoria formulada por el gobierno del presidente Uribe
Vélez, para celebrar acuerdos en torno a una agenda gubernamental,
tiene gran importancia en la medida en que significa un cambio
de rumbo en las relaciones del Ejecutivo con las grandes fuerzas
partidistas, generalmente desconocidas y marginadas desde el
comienzo del actual mandato presidencial".
Córdoba enfatizó al señalar:
"no obstante pienso que esa iniciativa tiene que ser valorada
a la luz de una profunda reflexión sobre los verdaderos
propósitos del gobierno, cuya orientación, bien
lo sabe el pueblo colombiano, es de carácter neoliberal
y, por tanto, contrario a los postulados del liberalismo socialdemócrata
que ustedes y yo hemos jurado defender.
Si se trata de una reedición del
referendo gubernamental, nos debemos declarar impedidos para
asumir el compromiso de su análisis, toda vez que la clara
y contundente ausencia del pueblo en las urnas, constituyó
un fallo histórico y un mandato insoslayable que ningún
ciudadano debe desconocer.
Ahora, si se trata de una agenda abierta
en la que el liberalismo no va a estar constreñido por
el poder presidencial para aprobarle sin discusión sus
proyectos, sino que se permitirá a sus voceros discutir
la validez de las propuestas y presentar iniciativas propias,
entonces debemos concurrir con el mejor ánimo posible.
En tal sentido, pienso que la presentación
en ese escenario del proyecto sobre adopción de un régimen
semiparlamentario y un estatuto de la oposición, la revisión
con óptica social de la Ley 100 y de la Ley 142, así
como el impulso a un acuerdo humanitario con los sectores insurgentes
para buscar la liberación de los secuestrados, el estudio
de un verdadero estatuto fiscal que fortalezca la autonomía
regional y local (y no sólo tributarista o alcabalero,
como parecen ser las proyecciones del gobierno), permitirían
un enriquecedor debate en el que el liberalismo asumiría
un compromiso patriótico y progresista en defensa de las
mayorías de Colombia y del Estado social de derecho.
Debemos hacer un esfuerzo por incluir en
esa agenda políticas y programas para la defensa de la
vida, la generación de empleo y concebir estrategias para
combatir la pobreza, la criminalidad y la exclusión social.
No podemos olvidar que este año celebraremos cinco años
de haber sido recibidos como miembros de pleno derecho por la
Internacional Socialista y ese compromiso debe reflejarse en
una práctica ética y en una acción política
consonantes con ese ideario.
Tengo la certeza de que nuestros voceros
serán ciudadanos (as) de la mejor calificación,
en el sentido de conocimiento del país y no sólo
élites distanciadas de los problemas sociales y con intereses
particulares y cortoplacistas.
Deben ser verdaderos socialdemócratas,
sobre cuya trayectoria al servicio de los grandes intereses de
la democracia y la sociedad no haya la más mínima
sospecha.
La Procuraduría
fortalecerá la
gestión de mandatarios locales
A través de una ambiciosa estrategia
de capacitación, que abarcará la totalidad del
territorio nacional, la Procuraduría General de la Nación
brindará herramientas de gestión pública
a los mandatarios regionales recién posesionados, con
el fin de evitar que por desconocimiento de la norma puedan incurrir
en faltas disciplinarias.
En cumplimiento de su función preventiva,
la Procuraduría ofrecerá a las autoridades territoriales
electas y a sus equipos de trabajo, el "Seminario de Actualización
en Gestión Pública y Responsabilidad del Servidor
Público", dirigido a enriquecer los conocimientos
de estos servidores públicos, para que contando con más
instrumentos puedan responder las expectativas de sus comunidades,
a través de una gestión más eficiente y
transparente.
El Seminario se desarrollará a través
de talleres prácticos que actualizarán a los nuevos
mandatarios en áreas básicas de gestión
municipal, como contratación estatal, control fiscal,
manejo de transferencias y regalías, auditoría
contable, saneamiento contable y empalme contable, presupuesto
público, veedurías ciudadanas, servicios públicos,
en las que tienen que ver con la responsabilidad de la conducta
de los servidores públicos, para lo cual se tiene previsto
un taller en Derecho Disciplinario, así como las relacionadas
con la protección del medio ambiente y la infancia en
los Planes de Desarrollo Regional.
El encuentro académico, que se diseñó
exclusivamente para gobernadores, alcaldes, personeros municipales
y contralores departamentales que inician sus periodos, se iniciará
este 23 de febrero en Bogotá y continuará hasta
abril del presente año, recorriendo todas las regiones
del territorio nacional, a través de 16 ciudades.
Se espera capacitar a través del
Instituto de Estudios del Ministerio Público, a 5.804
servidores públicos del país, quienes de manera
gratuita podrán asistir a las 24 horas académicas
previstas para cada uno de los eventos, en las ciudades de Bogotá,
Tunja, Barranquilla, Cartagena, Montería, Valledupar,
Cali, Popayán, Pasto, Manizales, Medellín, Bucaramanga,
Cúcuta, Neiva, Ibagué y Villavicencio.
Con esta labor preventiva, la Procuraduría,
la Contraloría y la Contaduría, quienes también
acompañan el proceso, esperan colaborar para que las autoridades
locales del país puedan dar cumplimiento a lo señalado
en la constitución y las leyes en el desempeño
de su labor y evitar posibles hechos que puedan perjudicar los
intereses de la sociedad colombiana.
Asthon demanda mayor
acción
del Gobierno en el puerto local
El Representante a la Cámara por
el departamento del Atlántico, Álvaro Ashton Giraldo,
ventiló ante el señor Ministro de Transportes,
Andrés Uriel Gallego, y el señor Director del Departamento
Nacional de Planeación, Santiago Montenegro Trujillo,
la situación del puerto de Barranquilla.
En citas especiales solicitadas por el
Parlamentario y concedidas por las entidades gubernamentales,
se logró una vez más concitar la voluntad del gobierno
central, para que intervenga ante la difícil situación
por la que atraviesa el puerto de Barranquilla y se comprometieron
a participar en los foros y seminarios referentes al tema, para
lograr una solución definitiva mediante el mejoramiento
de las obras de infraestructura del canal de acceso de dicho
puerto.
Por tal motivo se tramitó oportunamente
la Ley 856 de 2003, por la cual se modifica el artículo
7 de la Ley 1 de 1991, el cual fue sancionado a finales de la
legislatura anterior.
Particularmente, el Representante Ashton,
logró interesar al gobierno central, a través del
Ministro de Transporte y el Director Nacional de Planeación,
en la viabilidad del puerto de aguas profundas, que al parecer
del gobierno es una alternativa importante, necesaria e inaplazable
que tienen que abocar las fuerzas vivas de Barranquilla, incluyendo
las clases dirigentes, el señor gobernador del Atlántico,
Carlos Rodado Noriega y el alcalde de Barranquilla, Guillermo
Hoenigsberg, así como también el apoyo y el concurso
del gobierno central.
De igual forma, el congresista, Álvaro
Ashton, intercedió ante el Ministerio de Transporte, para
que se tenga en cuenta la participación de la Universidad
del Norte en esta situación, habida consideración
que esta institución ha venido colaborando científica
y técnicamente en la solución de la problemática
del puerto de Barranquilla.
Como consecuencia de esta crisis, se desprende
la necesidad de convocar a todos los actores interesados en la
problemática del puerto de Barranquilla, a que organicen
un solo discurso que propenda a una salida definitiva a esta
crisis recurrente de dicho puerto.
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