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En comisión conjunta del Concejo
Postergan primer debate al
proyecto de reestructuración
Las comisiones Administrativa y de Presupuesto
del Concejo, decidieron postergar para la próxima semana
el estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por medio
del cual se otorgan facultades al Alcalde Distrital para organizar
territorialmente las localidades en sectores y adelantar el proceso
de modernización institucional de la administración.
Esta comisión conjunta, consideró
necesaria la presencia de un miembro del Gobierno para esclarecer
las inquietudes de los concejales en torno a la iniciativa, de
ahí que prefirieron no abordarla.
El concejal Ernesto Gómez Guarín,
coordinador de ponentes del proyecto, explicó al respecto:
"nosotros hemos querido darle una nueva dinámica
al estudio de los proyectos de acuerdo y tiene que estar avalada
por la administración, queremos que la presentación
del proyecto y de los próximos proyectos, los haga la
administración, y que ilustre a todos y cada uno de los
concejales y a la ciudad de Barranquilla sobre sus alcances".
En la sesión de ayer el Secretario
de Hacienda no pudo estar presente, de ahí que se propuso
aplazarla.
Gómez Guarín hizo énfasis
en que se trata de un proyecto muy importante porque se van a
organizar las localidades del Distrito y se va a hacer la reestructuración
administrativa de la Alcaldía.
"El estudio se hace en conjunto por
las dos comisiones y nosotros vamos a darle todas las luces al
proyecto, pero necesitamos que la administración se haga
presente; el martes empezamos el estudio", apuntó.
Sobre el proyecto de acuerdo
Ediles serían invitados
Por proposición del concejal Humberto
Rojas Bula, la comisión conjunta que adelanta el estudio
del proyecto de organización de las localidades y reestructuración
del Distrito invitará a una sesión a los ediles.
Se planteó inicialmente su asistencia
para el día martes, día en que se inicia el primer
debate, pero los concejales prefirieron que la Mesa Directiva
fijara la fecha dentro del cronograma que establecerá
para el estudio de la iniciativa. La propuesta es que asista
un edil por cada localidad.
Lo anterior, debido a que el concejal Carlos
Hernández Carrillo, explicó con base en el Reglamento
Interno, que para invitar a los ediles había que seguirse
un procedimiento específico.
"Yo comparto la proposición
del concejal Humberto Rojas, pero este tema debe estar incluido
dentro del cronograma de actividades y la invitación que
se haga debe estar sujeta a lo establecido en los reglamentos,
allí se tiene un procedimiento para los ediles, cuando
quieren intervenir en un proyecto de acuerdo determinado.
Comparto la proposición pero que
se haga dentro del marco del Reglamento Interno del Concejo y
después que la comisión haya debatido el cronograma
y comenzado el estudio del proyecto, no se puede para el mismo
martes", manifestó.
En atención a la intervención
de Hernández Carrillo, Rojas Bula sostuvo: "quiero
dejarle esa potestad a la Mesa Directiva, para que de conformidad
con el reglamento, notifique a los ediles en la fecha señalada
por la Presidencia".
Por propuesta de Zapata Donado
Concejo remitirá a la Fiscalía
documentos sobre ex contralor
Luego de las denuncias efectuadas en la
plenaria acerca de supuestas irregularidades en la Contraloría
Distrital durante la administración de Gregorio Peñaranda,
el Concejo determinó que remitirá a la Fiscalía
seccional, documentos que se constituyen en aportes a la investigación.
El proponente fue el concejal Luis Zapata
Donado, y se trata básicamente de una solicitud que hiciera
el ex contralor, para que el Distrito asumiera los gastos generados
por la desvinculación de trabajadores y copia de la Gaceta
Distrital Nº 216, donde aparecen millonarios contratos suscritos
por el mismo ex funcionario.
"Esto -indicó Zapata Donado-,
se origina porque hace varios meses en la Comisión de
Presupuesto del Concejo, cuando se discutía el presupuesto
de la vigencia de 2004, muchos ex funcionarios, alrededor de
unas 250 personas, que fueron despedidas de la Contraloría
en la vigencia de 2001, 2002 y 2003, aún no le habían
cancelado sus cesantías definitivas, sus prestaciones
sociales y que en algunos casos no le habían pagado la
seguridad social en salud ni se habían hecho las consignaciones
en los fondos de cesantías y de pensiones, acudían
al Concejo con esa queja.
De tal manera que se pudo detectar que
efectivamente en la Contraloría se le había dejado
de pagar a estos trabajadores los conceptos correspondientes
y que esto estaba ascendiendo aproximadamente a unos 3.500 millones
de pesos, por cuanto estaban sancionando con salarios moratorios
a favor de los trabajadores que por alguna circunstancia no les
habían cancelado sus cesantías".
Agregó que la ley es muy clara cuando
dice que una vez sea retirado un trabajador hay que pagarle las
cesantías definitivas en un término prudencial,
y en caso que el ordenador del gasto no lo hace, la consecuencia
es que se debe pagar salarios moratorios, es decir, como si no
lo hubiese despedido.
"En la Contraloría entonces
estaban operando, por lo menos, cuatro nóminas paralelas:
la de 2001 retirada y que seguía causando salarios moratorios;
igualmente la de 2002 y 2003; y la básica que era la que
estaba ahí fundamentada en el trabajo de la Contraloría",
manifestó el Concejal.
De acuerdo con sus declaraciones, paralelamente
a eso "el Contralor se dedicó a suscribir contratos
millonarios con personas ajenas a la Contraloría para
que cumplieran funciones extrañas a la Contraloría".
Los documentos serán enviados a
la sección de Asignaciones de esta seccional de la Fiscalía,
instancia que viene indagando acerca de este caso.
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