La
Cidh
Piden protección
para
testigos de matanza
*La medida pide preservar el derecho a la vida y la integridad personal
de cinco campesinos.
Bogotá, EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó
al Gobierno de Colombia protección para la vida e integridad de
cuatro campesinos, testigos de una confusa matanza del Ejército,
informó ayer una ONG.
La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
así lo anunció ayer en Bogotá, y señaló
que la CIDH pidió también al Estado colombiano investigar
y juzgar a los responsables de las amenazas contra sus vidas.
La petición de la CIDH fue hecha el pasado 2 de agosto, señaló
la ONG colombiana, y alude a adoptar las medidas cautelares para preservar
el derecho a la vida y la integridad personal de los campesinos Guillermo
Rodríguez Moreno, Jhon Jairo Iglesias Salazar, Carmen Elisa Rodríguez
Hernández y Héctor Mendoza Pareja.
Los beneficiarios son campesinos de la zona rural de Cajamarca, en el
departamento del Tolima (centro sur), donde el pasado 10 de abril en un
episodio confuso, una patrulla militar mató a cinco labriegos,
entre ellos dos niños, al confundirlos con guerrilleros.
La noche del suceso las tropas perseguía a rebeldes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las medidas intentan proteger a "quienes en razón de las denuncias
que han realizado sobre actuaciones irregulares y violaciones a los derechos
humanos" en que han incurrido miembros de dos batallones en esa zona.
Los mismos beneficiados por las medidas de protección solicitadas,
señala la ONG, "han sido víctimas de amenazas, hostigamientos
y en este momento se encuentran desplazados de sus comunidades".
La corporación de abogados "insta al Estado colombiano dar
cumplimiento inmediato a la decisión de la Comisión Interamericana
y señala que los hechos de la masacre de Cajamarca, al constituir
un crimen de lesa humanidad, deben ser investigados por un tribunal independiente
e imparcial".
En consecuencia, concluye, se "exige que su conocimiento sea asumido
por la jurisdicción ordinaria y no por la jurisdicción penal
militar como ha ocurrido hasta la fecha".
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