TEXTO DEL DIA .....
Por AGENCIA EFE
 
La Cidh
Piden protección para
testigos de matanza

*La medida pide preservar el derecho a la vida y la integridad personal de cinco campesinos.

Bogotá, EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno de Colombia protección para la vida e integridad de cuatro campesinos, testigos de una confusa matanza del Ejército, informó ayer una ONG.

La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo así lo anunció ayer en Bogotá, y señaló que la CIDH pidió también al Estado colombiano investigar y juzgar a los responsables de las amenazas contra sus vidas.

La petición de la CIDH fue hecha el pasado 2 de agosto, señaló la ONG colombiana, y alude a adoptar las medidas cautelares para preservar el derecho a la vida y la integridad personal de los campesinos Guillermo Rodríguez Moreno, Jhon Jairo Iglesias Salazar, Carmen Elisa Rodríguez Hernández y Héctor Mendoza Pareja.

Los beneficiarios son campesinos de la zona rural de Cajamarca, en el departamento del Tolima (centro sur), donde el pasado 10 de abril en un episodio confuso, una patrulla militar mató a cinco labriegos, entre ellos dos niños, al confundirlos con guerrilleros.

La noche del suceso las tropas perseguía a rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las medidas intentan proteger a "quienes en razón de las denuncias que han realizado sobre actuaciones irregulares y violaciones a los derechos humanos" en que han incurrido miembros de dos batallones en esa zona.

Los mismos beneficiados por las medidas de protección solicitadas, señala la ONG, "han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y en este momento se encuentran desplazados de sus comunidades".

La corporación de abogados "insta al Estado colombiano dar cumplimiento inmediato a la decisión de la Comisión Interamericana y señala que los hechos de la masacre de Cajamarca, al constituir un crimen de lesa humanidad, deben ser investigados por un tribunal independiente e imparcial".

En consecuencia, concluye, se "exige que su conocimiento sea asumido por la jurisdicción ordinaria y no por la jurisdicción penal militar como ha ocurrido hasta la fecha".