Reestructuraciones
Por HERNANDO
E. MEZA ORTIZ
En
la actividad política y administrativa del país, son seguras
las llamadas reestructuraciones después de cada debate electoral,
que consisten en, so pretexto de racionalización del gasto público,
declarar a las entidades en crisis financieras para establecer nuevas
plantas de personal y de esta manera disponer de toda la burocracia,
a fin de satisfacer a los nuevos ungidos por el voto popular y entre
éstos a los que formen las coaliciones que se ponen al servicio
del gobernante de turno para que todo funcione a las mil maravillas.
Resultan damnificados los empleados cuyos jefes políticos o se
ahogaron en el debate o no están haciendo parte de las nuevas
mayorías que se forman.
El desempeño financiero del Distrito, quebrado por las tres últimas
administraciones que lo llevaron a acogerse a la ley de moratoria (Ley
550 de 1999) ha sido desastroso según se desprende de los informes
de Planeación Nacional, en los que se da cuenta que para nada
se han tenido en cuenta los mandatos de la Ley 617 de 2000, que son
las normas que señalaron los derroteros para la racionalización
del gasto público.
Dice Planeación que se han desbordado los límites señalados
por ley.
De acuerdo con el artículo 3 de la 617 los gastos de funcionamiento
de las entidades territoriales deben financiarse con los ingresos corrientes
de libre destinación, de tal manera que estos sean suficientes
para atender sus obligaciones corrientes, provisional el pasivo prestacional;
y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública
autónoma de las mismas.
Entendiéndose por ingresos de libre destinación, los corrientes,
excluidas las rentas de destinación específica, o sea
aquellas destinados por ley o acto administrativo a un fin determinado.
Establece la ley unos topes de gastos tomados de los ingresos de libre
destinación para funcionamiento de las administraciones centrales
y de los organismos de control.
Las entidades territoriales deben presentar unos indicadores de desempeño
fiscal y financiero, con lo cual podrán demostrarle al Gobierno
Central que están en condiciones de efectuar cofinanciación
de proyectos, como por ejemplo el caso del Transmetro en la ciudad de
Barranquilla, la terminación de la canalización de los
caños del mercado y arroyos de la ciudad.
De igual manera, la citada normatividad de saneamiento fiscal de los
entes territoriales prohíbe las transferencias a empresas de
licores, loterías, prestadoras de servicios de salud y de naturaleza
financiera.
Advierte, que cuando una empresa industrial y comercial del Estado o
sociedad de economía mixta genere pérdidas durante tres
años seguidos, se presume de pleno derecho que no es viable y
deberá liquidarse o enajenarse la participación estatal
en ella, en ese caso solo procederán las transferencias, aportes
o créditos necesarios para la liquidación.
En nuestro personal criterio, las reestructuraciones que se vienen dando
en el Distrito de Barranquilla, hasta tanto la autoridad competente
no explique suficientemente a la ciudadanía el fundamento de
eficiencia y eficacia, son una elusión de la ley, toda vez que
se han creado una serie de entidades, sin justificación, o se
ha procedido a cambiar la razón social.
Lo cual es fuente de crecimiento de la burocracia y mayores dificultades
para los proveedores y acreedores de las mismas.
Como en el caso del sector salud, se ha retrocedido en el esquema de
la descentralización y vuelto a aquel agotado en los años
80s, de los servicios integrados.
Siendo que la causa de los males no está en la organización
de la red hospitalaria local o regional, si no en la corrupción
denunciada por el mismo Presidente de la República y recientemente
por la Revista Semana de las Instituciones Administradoras del Régimen
Subsidiado -ARSs, o el de Promocentro, el de los Asuntos Hídricos,
cuestiones suficientemente diagnosticadas por múltiples estudios,
entre otros, el que duerme en los anaqueles de Edubar hecho por "Misión
Japonesa", del que al parecer nadie se acuerda.
Ojalá la reestructuración, no resulte como siempre ha
sido, un mecanismo político-administrativo para poder sacar a
la burocracia del anterior régimen y colocar a la del nuevo,
con fundamento en jurisprudencia, según las cuales, cuando se
trata de reestructuraciones, pueden irrespetar los derechos de los funcionarios
de carrera, que de otra manera no sería posible removerlos.