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Extrañezas
jurídicas Un fallo contraevidente Por IVAN ROMERO MENDOZA Tenemos, un concepto muy elevado del señor Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, sus actuaciones al frente de su cargo, lo definen como un ciudadano correcto. Sin embargo, nos ha causado gran extrañeza el fallo de primera instancia, proferido por el Procurador Primero Delegado para la vigilancia administrativa, César Augusto Amaya Medina, el día 15 de junio del 2004, el cual fue confirmado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante un fallo de segunda instancia que consta en el Acta de la Sala No. 34, el día 8 de julio del 2004, firmado por León Danilo Ahumada Rodríguez y Dora Anais Cifuentes Ramírez. Pensamos, que estos fallos, contrarios al acerbo probatorio que obra en el expediente y a la Constitución y las leyes de la República, ocurrieron a espaldas del señor Procurador General. Estos fallos de primera y segunda instancia, de la Procuraduría General de la Nación, absolvieron de responsabilidad disciplinaria a los Honorables Concejales de Barranquilla: Jorge Luis Restrepo Name y Mauricio Javier Rodríguez Avendaño, quienes fueron acusado, por Dewin José Silva Llinás, de estar inhabilitados para inscribirse y hacerse elegir como Concejales de Barranquilla, de acuerdo a lo estipulado por las leyes 136 de 1994 y 617 del año 2000, ante la Procuraduría General. Estos honorables concejales, fueron demandados por el señor Procurador Regional, Eduardo Visbal Robles y los aspirantes al Concejo, por el Partido Liberal Colombiano, Harry Silva Llinás e Iván Romero Mendoza, ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, cuyo Magistrado Ponente es Hernando Duarte Chinchilla. a) Las leyes 136 de 1994 y 617 del 2000 Establecen en sus artículos 43 y 40, numerales 2º y 3º, lo siguiente: “No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido concejal municipal o distrital: 2º) Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito”. "3º) Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier índole, en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban cumplirse en el respectivo municipio o distrito”. Consideramos, que los Doctores Mauricio Javier Rodríguez Avendaño y Jorge Luis Restrepo Name, quienes ocuparon los cargos de sub-gerente comercial de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones y la Sub-secretaría de Salud, en propiedad y la Secretaría de Salud, encargado, en varias ocasiones con plenos poderes de secretario de despacho, como lo dice el decreto de encargo respectivo, ejercían autoridad administrativa, en el caso de Mauricio Rodríguez y autoridad política, civil y administrativa, en el caso de Jorge Restrepo. b) Renuncias extemporáneas En el expediente está probado, que los Honorables Concejales Restrepo Name y Rodríguez Avendaño, ejercieron autoridad civil, administrativa y política, en sus elevados cargos administrativos. El Doctor Mauricio Javier Rodríguez Avendaño, si no hubiese ejercido autoridad administrativa, como Sub-gerente Comercial de la EDT, no hubiera podido desempeñar ese cargo, porque no le hubieran hecho caso, sus empleados subaternos. No hubiese podido: “Planear, organizar, dirigir y controlar (funciones administrativas), las actividades de solicitud y atención de los servicios requeridos de los clientes”. Tampoco, hubiese podido: “Gestionar la edición del Directorio Telefónico de Barranquilla” (un contrato archimillonario, con muchos ceros a la derecha). Las anteriores funciones específicas, aparecen en el Manual de Funciones del cargo de Sub-gerente Comercial, entre otras, funciones administrativas que tenía que desempeñar. El Doctor Jorge Luis Restrepo Name, Sub-secretario de Salud, encargado, en varias oportunidades, como Secretario de Salud, tenía entre sus funciones, de acuerdo al Manual de Funciones (Decreto No. 00743 del 2002 de la Gobernación del Atlántico), las siguientes: “d) ordenar los gastos, dictar los actos y celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Secretaría de Salud, conforme a la delegación otorgada por el gobernador y las normas legales vigentes”. Al quedar claro, que los mencionados concejales de Barranquilla, en sus importantes cargos, ejercían autoridad administrativa, civil y política, debían renunciar un año antes de la celebración de las elecciones del 26 de octubre el 2003, de acuerdo a la ley. Ambos renunciaron, en forma extemporánea: El Doctor Mauricio javier Rodríguez Avendaño, renunció el 13 de noviembre del 2002 y el Doctor Jorge Luis Restrepo Name, el día 16 de abril del 2003. Por esa razón, estaban inhabilitados para inscribirse y ser elegidos Concejales de Barranquilla, de acuerdo a las leyes 136 de 1994, Artículo 43, numerales 2º y 3º y 617 del 2000, artículo 40, numerales 2º y 3º. ¡Así de sencillo! c) El fallo de la Procuraduría General Es un fallo contraevidente, porque va en contra de las evidencias de inhabilidad de los concejales Restrepo y Rodríguez, las cuales están contenidas en las pruebas, que obran en el expediente. En ese fallo, hubo una manifiesta violación del debido proceso, al manipularse las pruebas, en favor de los acusados, por parte del Procurador Primero Delegado, en el fallo de primera instancia. No se tuvieron en cuenta, no se consideraron las abundantes pruebas aportadas por los demandantes, y la Procuraduría Regional, las cuales son contundentes, para demostrar que los acusados, ejercieron autoridad civil, administrativa y política. En ese fallo, hay una clara y manifiesta violación de las siguientes normas constitucionales: Artículos 1º, 4º, 13, 40, 29, 230, 238, 277 y 278. De acuerdo a los artículos 277 y 278 de la Constitución Nacional, los procuradores deben vigilar el cumplimiento de la Ley y la Constitución y establecer sanciones a los violadores de la Constitución y la Ley. Empero, los firmantes de los fallos, no parecen procuradores, sino abogados de los acusados, haciendo una vehemente y fervorosa defensa de los concejales de Barranquilla: Jorge Restrepo Name y Mauricio Javier Rodríguez Avendaño. No se tiene en cuenta lo preceptuado en la Ley 136 de 1994, en su Artículo 43, numerales 2º y 3º y en los artículos 188, 189 y 190 de la misma ley. Tampoco, se tiene en cuenta lo preceptuado en la Ley 617 del año 2000. Es contrario a esas leyes, como lo voy a demostrar, transcribiendo algunas “perlas jurídicas”, en el Fallo comentado: “No estaban obligados a renunciar a dichos empleos un año antes del 26 de octubre del 2003, fecha de elecciones” (Eso dice el fallo, la Ley dice lo contrario). “La circunstancia de haber laborado unos escasos días en calidad de encargado, en el empleo de Secretario de Salud del Departamento del Atlántico, tampoco lo inhabilita para inscribirse y ser elegido Concejal, pues no era el titular de dicho empleo” (Así dice el fallo, la Ley 136 de 1994 dice lo contrario). La Ley 136 de 1994, en su artículo 189, dice: “tal autoridad (política) se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos señalados en este artículo”. Además, en un día, se pueden firmar contratos por miles de millones de pesos, como lo demuestra la historia de este país. La Procuraduría General de la Nación en ese desafortunado fallo, alejado de la Constitución y la ley, pretende ignorar, lo estipulado en el Decreto 2400 de 1968: “Los empleados públicos podrán ser encargados para asumir total o parcialmente las funciones de empleos diferentes, paras los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular”. También, en su fallo, la Procuraduría pretende ignorar, el Artículo34 del Decreto Reglamentario No. 1950 de 1973. El Doctor Restrepo Name, era encargado con todos los poderes y atribuciones del Secretario de Salud. d) La Directiva Unificada No. 10 El Doctor Edgardo Maya Villazón, el dia 28 de octubre del año 2003, ordenó a todos los procuradores del país, demandar las credenciales de los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de Jal, que estuviesen inhabilitados para inscribirse y ser elegidos, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de su jurisdicción. Muchos concejales, han sido destituidos en el país. El Gobernador electo en el Cauca, no pudo posesionarse. Barranquilla es la excepción. e) La demanda del Procurador Regional Atendiendo la solicitud del Procurador General, el Doctor Eduardo Visbal Robles, un hombre impoluto, paradigma de honestidad, procedió a recopilar las pruebas y a demandar los candidatos elegidos, presuntamente inhabilitados. Ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, el Doctor Eduardo Visbal Robles, demandó las credenciales de los concejales Jorge Restrepo Name y Mauricio Rodríguez Avendaño. Las pruebas de sus inhabilidades eran tan contundentes, que pidió la suspensión provisional de los demandados. Luego, en el alegato de conclusiones, expresa lo siguiente: “1º) Le solicito al Honorable Magistardo Ponente, doctor Hernando Duarte Chinchilla, al igual que al resto de la Sala del Honorable Tribunal Administrativo del Atlántico, que se declare sin más preámbulos la nulidad del acto administrativo demandado y que se proceda a la mayor brevedad a la exclusión de la lista de concejales elegidos, a los señores Jorge Luis Restrepo Name y Mauricio Javier Rodríguez Avendaño, es decir, más claro, que se proceda a suspenderlos en el ejercicio de sus atribuciones y facultades, como Concejales del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla". f) Una perla jurídica especial En la audiencia verbal del 15 de junio del 2004, el señor Doctor Juan Antonio Pabón Arrieta, se presentó con dos escritos firmados por sus clientes, para leerlos en audiencia. El Procurador delegado no accedió a la petición. El Doctor Pabón, no aportó pruebas, porque no las tenía y no solicitó pruebas, porque obrarían contra sus clientes. Después, no hubo más intervención del Doctor Pabón Arrieta. En el fallo de segunda instancia, encontramos las siguientes “perlas finas” del Derecho: I) “En los folios 196 a 206, obran unos alegatos suscritos por los doctores Mauricio Javier Rodríguez Avendaño y Jorge Luis Restrepo Name” (???) II) "En el fallo objeto de alzada se hizo un exiguo análisis de pruebas para culminar con la exoneración disciplinaria de los investigados.." (¿Por qué los exoneraron?) La palabra exiguo, significa: insuficiente, escaso, corto, pequeño, reducido, insignificante. Confirmaría, la Doctora Anaís Cifuentes Ramírez, Procuradora Ponente, que no se tuvieron en cuenta todas las pruebas que obran en el expediente, violándose el debido proceso. III) También dice: “la aseveración del delegado no es acorde con la realidad de los hechos” (¡Hay una falsedad!). A pesar de todo, la Sala confirmó el falló cuestionado por ella. !Raro y extraño! Las preguntas que surgen son las siguientes: ¿Por qué la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, confirmó el fallo de Primera Instancia? ¿Por qué lo hizo, si no correspondía el resuelve con el acerbo probatorio? ¿Por qué desconocieron la Constitución y la Ley? Muy grave, para el Estado Social de Derecho Colombiano, lo que ha ocurrido en la Procuraduría General de la Nación: Un fallo en contradicción con la Constitución, la Ley y las pruebas. “¡o tempora! ¡o mores!” (“Oh tiempos ¡o costumbres!”), decían los romanos g) Conclusiones He escrito esta columna, fundamentado en los artículos 1º, 20, 29 y 40 de la Constitución Política de Colombia. Fallos, como los que se están produciendo en la Procuraduría General de la Nación, en la Sala Disciplinaria, afectan negativamente la credibilidad de esa Institución y al Estado Social de Derecho Colombiano. Esta clase de actuaciones raras y extrañas, ameritan la intervención del Procurador General, en momentos como el presente, que se plantea su reelección en el cargo, por el Senado de la República, de una terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Dice el diccionario Vox, de sinónimos y antónimos: “Raro es lo que no es común; extraño es lo que no es propio, conforme o adecuado a la cosa que se trata”. “Lo raro excita la curiosidad, lo extraordinario la admiración; lo extraño, la perplejidad del juicio, o de otro modo la extrañeza”. |
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