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   TEXTO DEL DIA - De AFP  


 



 

 
La seguridad, el mayor
logro de Uribe en su
primer año de gobierno


Por Isabel Sánchez

Bogotá, AFP
A un año de haber tomado las riendas de Colombia, el presidente Alvaro Uribe exhibe como su mayor logro una controvertida estrategia de seguridad, con unas Fuerzas Militares a la ofensiva, un repliegue de la guerrilla y una población que se siente más segura.

Elegido con un arrollador e inédito 53% de votos, empezó a gobernar el 7 de agosto de 2002 con el claro mandato de enfrentar con rigor a la guerrilla de las FARC, luego de tres años de frustradas negociaciones de paz entre ese grupo y la administración de Andrés Pastrana.

Un año después, Uribe goza de una popularidad del 70%, la más alta registrada por un mandatario colombiano al cabo de un año en el poder y que los analistas atribuyen a su principal bandera: la seguridad.

Aunque el mismo día de su investidura las FARC le declararon guerra abierta con una lluvia de morteros en el Palacio de Nariño, el mandatario ha endure- cido su postura frente a la guerrilla y, por medio de la fuerza, intenta obligarla a sentarse a negociar.

"No queremos ni guerrilla ni paramilitares. O negocian o los derrotamos", es su sentencia favorita, sobre todo desde que el pasado 15 de julio su gobierno anunció la desmovilización de 13.000 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha).

Nadie en Colombia, sin embargo, puede pensar que la guerrilla esté derrotada y muchos analistas estiman que su repliegue actual puede ser táctico, para lanzar una ofensiva de gran magnitud en cualquier momento, como lo hizo cuando Uribe cumplía medio año en el poder, el 7 de febrero, con un atentado que dejó 36 muertos en un club de Bogotá.

De hecho, hasta ahora, las comandancias de las guerrillas comunistas siguen intactas y el no haber podido mostrar a la ciudadanía la captura de alguno de sus líderes, por los cuales el gobierno ofrece millonarias recompensas, es algo que desvela a los militares.

No obstante, los colombianos aplauden la labor del presidente en este campo: un 65% dice sentirse más seguro y el 69% cree que los militares están en capacidad de derrotar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al también rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), según la última encuesta de Invamer-Gallup.

Al entregar hace una semana un balance de su gestión, el gobierno dijo haber reducido en un año el secuestro en 26% -34% en lo corrido de 2003- los homicidios en 16% -22% este año- los retenes ilegales en 55%, los ataques a poblaciones en 78% y los atentados terroristas en 24%.

Unos 10.000 nuevos policías y 15.000 soldados campesinos se desplegaron en el último año en las zonas más conflictivas del país, se activaron dos batallones de alta montaña, 11 agrupaciones de fuerzas élite antiterroristas, dos brigadas móviles y tres nuevos comandos antisecuestro, según ese informe.

Asimismo, el gobierno asegura que en un año se restableció la presencia de la policía en 79 municipios -de unos 150 que carecían de ella- y que en un mes se llegará a la totalidad.

Su política de seguridad, sin embargo, ha sufrido reveses jurídicos y es criticada por Naciones Unidas y organismos de derechos humanos, por considerar que restringe libertades ciudadanas e involucra aún más a los civiles en el conflicto.

El estado de excepción que decretó en el país, cuatro días después de llegar al poder, fue echado al piso por la Corte Constitucional el pasado 29 de abril, lo que despojó al gobierno de herramientas para combatir a los grupos armados.

Con la decisión de la Corte, se cayeron las llamadas zonas de rehabilitación, que incluían 26 municipios de los departamentos de Sucre y Bolívar (norte) y tres de Arauca (este), donde los jefes militares podían restringir el libre tránsito, la circulación o permanencia y llevar registro de residencia de los pobladores.

"Sea como fuere, al país le gusta la dosis que está recibiendo, no quiere que le cambien la receta", consideró el analista Fernando Cepeda, quien advirtió que Uribe tiene, no obstante, el reto de imponer el orden respetando los derechos humanos, en esta sufrida nación que sobrevive ya a cuatro décadas de guerra.

   

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