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Conozcamos
el Referendo
Por FERNANDO ESMERAL DE LA PEÑA
La semana pasada, en esta columna hice
referencia a la falta de pedagogía política en
nuestro país, teniendo en cuenta esto y la falta de espacios
proporcionados por el Estado para una debida capacitación
con relación al próximo referendo.
Iniciaré una serie de escritos en
los cuales presentaré las reformas más importantes
que se pretenden hacer a la Constitución Nacional si el
pueblo Colombiano aprueba el próximo 25 de Octubre el
referendo.
Recuerde, usted tendrá tres opciones:
Votar el Sí o No en cada uno de los artículos o
la abstención total.
Esta última es muy importante, ya
que si no se logran más de 6 millones de votos, el referendo
no será aprobado.
Iniciemos el estudio del primer artículo:
¿Aprueba usted el siguiente artículo
?
El quinto inciso del artículo 122 de la Constitución
Política quedará así:
Sin perjuicio de las demás sanciones
que establezca la Ley, no podrán ser inscritos como candidatos
a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados
como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o
por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan
sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión
de delitos que afecten el patrimonio del Estado.
Tampoco quien haya dado lugar, como servidor
público, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a
que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial,
salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.
Sí___ No___
El texto actualmente vigente del inciso
quinto del artículo 122 de la Constitución establece:
"Sin perjuicio de las demás
sanciones que establezca la ley, el servidor público que
sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas".
A esta modificación que se pretende
hacer, se le conoce con el nombre de: Muerte política
o Muerte Civil.
Ya que una vez que el funcionario público
sea condenado por delitos que afecten el patrimonio del Estado,
mediante sentencia pronunciada por un juez de la República
y esta sentencia quede ejecutoriada; este no podrá ser
inscrito, elegido o nombrado como funcionario público.
De igual manera se agregan dos figuras
totalmente nuevas, la primera tiene que ver con la prohibición
para los funcionarios condenados por delitos contra el patrimonio
público de celebrar personalmente o por interpuesta persona
contratos con el Estado y la segunda se presenta cuando los funcionarios
públicos con una conducta dolosa o gravemente culposa
den lugar a que el Estado sea condenado a pagar una reparación
patrimonial, y sean condenados a pagar dicho daño mediante
sentencia judicial debidamente ejecutoriada.
Estos funcionarios también tendrán
la muerte política. Salvo que cancelen el daño
causado al Estado.
Entre las fuertes críticas que se
le hacen al presente articulado se refiere a que no entrarían
a ser sancionados funcionarios que cometan delitos como el enriquecimiento
ilícito y el tráfico de influencias, ya que según
expertos juristas en este tipo de delitos no se afecta el patrimonio
del Estado y por ende no es dable aplicar la muerte política
a un funcionario público que se enriqueció ilícitamente,
pues el texto constitucional no tipificó tal conducta.
Corresponde a usted querido lector, iniciar
desde ya el proceso de la toma de decisiones para votar por el
si, el no o abstenerse.
Nuestro objetivo es informarlo y que usted
tome libremente su elección.
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