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   OPINIONES  


 

 
Conozcamos el Referendo

Por FERNANDO ESMERAL DE LA PEÑA

La semana pasada, en esta columna hice referencia a la falta de pedagogía política en nuestro país, teniendo en cuenta esto y la falta de espacios proporcionados por el Estado para una debida capacitación con relación al próximo referendo.

Iniciaré una serie de escritos en los cuales presentaré las reformas más importantes que se pretenden hacer a la Constitución Nacional si el pueblo Colombiano aprueba el próximo 25 de Octubre el referendo.

Recuerde, usted tendrá tres opciones: Votar el Sí o No en cada uno de los artículos o la abstención total.

Esta última es muy importante, ya que si no se logran más de 6 millones de votos, el referendo no será aprobado.

Iniciemos el estudio del primer artículo:

¿Aprueba usted el siguiente artículo ?
El quinto inciso del artículo 122 de la Constitución Política quedará así:

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la Ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado.

Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño. Sí___ No___

El texto actualmente vigente del inciso quinto del artículo 122 de la Constitución establece:

"Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas".

A esta modificación que se pretende hacer, se le conoce con el nombre de: Muerte política o Muerte Civil.

Ya que una vez que el funcionario público sea condenado por delitos que afecten el patrimonio del Estado, mediante sentencia pronunciada por un juez de la República y esta sentencia quede ejecutoriada; este no podrá ser inscrito, elegido o nombrado como funcionario público.

De igual manera se agregan dos figuras totalmente nuevas, la primera tiene que ver con la prohibición para los funcionarios condenados por delitos contra el patrimonio público de celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado y la segunda se presenta cuando los funcionarios públicos con una conducta dolosa o gravemente culposa den lugar a que el Estado sea condenado a pagar una reparación patrimonial, y sean condenados a pagar dicho daño mediante sentencia judicial debidamente ejecutoriada.

Estos funcionarios también tendrán la muerte política. Salvo que cancelen el daño causado al Estado.

Entre las fuertes críticas que se le hacen al presente articulado se refiere a que no entrarían a ser sancionados funcionarios que cometan delitos como el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, ya que según expertos juristas en este tipo de delitos no se afecta el patrimonio del Estado y por ende no es dable aplicar la muerte política a un funcionario público que se enriqueció ilícitamente, pues el texto constitucional no tipificó tal conducta.

Corresponde a usted querido lector, iniciar desde ya el proceso de la toma de decisiones para votar por el si, el no o abstenerse.

Nuestro objetivo es informarlo y que usted tome libremente su elección.

 > Elecciones en Uniatlántico deben respetarse
   

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